SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, consideró este jueves que el Estado dominicano no debe asistir a la Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 150 Período de Sesiones de la entidad.
A través de un comunicado, Rosario Márquez explica ese organismo sesionó recientemente en el país e hizo un levantamiento fijando una posición “contaminada” del proceso de contactos que lleva a cabo el Gobierno, para regular a los ciudadanos y ciudadanas extranjeros residentes de manera irregular en el país, a través del Plan Nacional de Regulación.
En una carta que envió Rosario al Canciller Carlos Morales Troncoso, el destaca que “en esa sesión se estará montando un nuevo espectáculo ó escenario de presión en contra de la República Dominicana, para que el Estado ceda ante las pretensiones de varios organismos internacionales, que tienen orquestada una campaña de difamación en contra del país” .
Consideró además, que es impropio que los solicitantes y la propia comisión revoquen el derecho de escoger quiénes son los funcionarios que puedan representar al país.
Al respecto dijo que esa es una atribución exclusiva de la Cancillería General de la República, determinar quién ó quiénes representan al país dando respuesta al oficio No.4513, de fecha 28 de Febrero del año en curso, enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, solicitando la designación de un funcionario del órgano electoral dominicano para asistir a la Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que será efectuada por el organismo internacional.
“No podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que una ó varias entidades internacionales presionen a nuestro país, con actitudes injerencistas violentando las normas diplomáticas y que ponen en vilo nuestra soberanía nacional”, sostuvo el presidente de la JCE.
Añadió que “Es un deber de nosotros y del Estado dominicano, preservar los mandatos y normas que dictan nuestra Constitución de la República, como país libre y soberano de permitir la permanencia de cualquier ciudadano y ciudadana extranjera, siempre y cuando esté debidamente registrada su estancia en nuestro país”.
