SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- República Dominicana expresó preocupación por las reiteradas convocatorias de audiencias temáticas para tratar el tema haitiano, hechas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Radhys Abreu de Polanco, enviada por la Cancillería para fijar la posición en nombre del Estado dominicano, recordó que la CIDH hizo en diciembre del 2013, apenas hace tres meses, una visita in loco (en el lugar) por invitación del Gobierno dominicano, en la que tuvo la oportunidad de tratar de manera directa con todos los actores los temas ventilados ayer.
«La honorable comisión tiene entre sus tareas pendientes rendir al país el informe correspondiente, para que el Estado pueda formular las observaciones de lugar».
Sin embargo, Abreu de Polanco planteó que el Estado dominicano, respetuoso de sus compromisos internacionales, ha hecho presencia a las audiencias celebradas ayer.
Recordó que en cumplimiento con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Migración, y en aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) llevó a cabo un levantamiento o preauditoría, a los fines de determinar el impacto de la decisión en la población inscrita en el Registro Civil Nacional.
La respuesta fue dada en la segunda sesión, iniciada a las 4:15 p.m. La representante dominicana aseguró ante la CIDH que RD es un Estado fundamentado en el respeto a la dignidad humana, y que las leyes concernientes al trabajo rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones emitidas en los convenios internacionales.
La delegación que representó al país respondiendo a las acciones incoadas por los descendientes de haitianos indocumentados estuvo representada por los embajadores Pedro Vergés y Radhys Abreu y la ministra Mayerlin Cordero.
En la primera sesión, que comenzó a las 3:15 p.m., se conoció una acción a favor de los derechos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias, los peticionarios solicitaron que el Estado, mediante el Plan de Regularización, proceda a documentar a los trabajadores migrantes, preferiblemente a los de la industria azucarera desde 1929 a 2013.
Manifestaron que, pese a que cientos vinieron a República Dominicana a trabajar bajo acuerdos gubernamentales, más de 75 mil trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) estén imposibilitados de tener una pensión por falta de documentos de identidad, una carencia que se extiende hasta sus hijos.
Indicaron que la importancia de reconocer su estadía desde 1929, «implicaría reconocer los derechos adquiridos de los hijos nacidos en República Dominicana». Solicitaron que el Estado excluya del Plan de Regularización a todos los hijos de inmigrantes nacidos en territorio dominicano con anterioridad a 2010.
Abreu Polanco hizo un recuento a la Comisión sobre los trabajos que ha desarrollado el gobierno para garantizar los derechos de los trabajadores. Los comisionados reconocieron que se ha avanzado, pero cuestionaron cómo el país documentará a los trabajadores que llegaron años atrás.
La violencia contra la mujer
En la audiencia relativa a la situación de los derechos humanos de la mujer, Radhys Abreu de Polanco enfatizó que en 1997, en la República Dominicana se institucionalizó una política pública dirigida a prevenir, prestar servicios de atención y sancionar la violencia contra la mujer.
Sobre la violencia contra las mujeres, aseguró que este aspecto constituye uno de los principales retos para la política pública de género en RD en la última década, y por ello, a partir del 2012, la prevención de la violencia contra las mujeres se integró al Sistema de Metas Presidenciales.
