SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La desprotección estatal a la vejez en República Dominicana coloca a cerca de un millón de personas con más de 65 años de edad en severas condiciones de vulnerabilidad.
Las leyes nacionales y los convenios internacionales que obligan a proteger la ancianidad son violentados por las autoridades, las familias y otros sectores conminados a garantizarle una vida digna y saludable.
Cifras oficiales indican que el 98 por ciento de los ancianos dominicanos viven en condiciones infrahumanas, mientras instituciones públicas y privadas les regatean una pensión y los asilos claman por la ayuda estatal.
El artículo 57 de la Constitución establece que los ancianos tienen derecho a atención médica oportuna, medicamentos, una pensión justa y a tiempo, un techo propio y recreación.
Los ancianos desamparados tienen derecho a estancias gratuitas que les garanticen los cuidados especiales que ameritan.
“El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”, dice la Constitución. Empero, la responsabilidad estatal con ese sector se limita a facilitar puras “migajas”, a través de programas que en nada ayudan a enfrentar sus necesidades, mientras la mayoría sufre exclusión, desprecio y maltrato.
El artículo 45 de la Ley 87-01, que crea el Sistema de Seguridad Social Dominicano (SDSS), establece que tienen derecho a una pensión las personas que cumplieron 60 años de edad y han cotizado durante un mínimo de 360 meses. También, aquellas que cumplieron 55 años y han acumulado un fondo que le permita disfrutar de una pensión superior al 50 por ciento de la pensión mínima.
Mientras, miles de trabajadores que dedicaron largos años a trabajar por el crecimiento económico y social del país, mueren esperando una pensión justa por no haber completado el número de cuotas que manda la Ley 87-01.
En las mismas condiciones están quienes completaron la cuota desde hace años. Rafael Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CENUS), recordó que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) tiene a 35,000 ancianos en lista para otorgarles pensiones de RD$5,117 mensuales. El IDSS investiga que otros 16,000 trabajadores con derecho a pensión pagaron el número de cuotas suficientes que para tener derecho a esa gracia. Todos trabajaron en el sector privado.
La desesperanza
Recientemente, los obreros cañeros permanecieron cinco días en vigilia frente al Palacio Nacional exigiendo una pensión, luego de pasar hasta 40 años trabajando en los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de haber pagado religiosamente la cuota del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Más de 7,000 obreros ancianos temen morir sin que ese reclamo sea una realidad.
Cerca de 1,200 billeteros, quinieleros jubilados por la Lotería Nacional clamaron al presidente de la República que disponga que los incluyan en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) , luego de pasar 50 años al servicio del Estado. Alegaron su derecho a un seguro de salud porque tienen más de 60 años de edad.
Esas personas padecen enfermedades y malestares propios de la edad y la pensión de RD$747.50 mensuales no les alcanza ni para las medicinas.
Como dádiva y no un derecho adquirido, los gobiernos dominicanos pensionan cada año periodistas, artistas y profesionales de diversas áreas que pasan años clamando por la compasión oficial. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Olivo de León, confesó que esa institución tiene una lista de más de 500 miembros que claman por una pensión estatal. De esos, menos de 50 serían pensionados este año.
Una Ley utópica
En 1998 fue promulgada la Ley 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente. Esa legislación establece que “las personas envejecientes no pueden ser perjudicadas en sus derechos fundamentales por negligencia, explotación, violencia, ni podrán ser castigadas o víctimas de cualquier atentado, sea por acción u omisión”.
La Ley 352-98 creó el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) con el mandato de definir y ejecutar las políticas nacionales para beneficiar a los adultos mayores.
Empero, las limitaciones de recursos económicos y la debilidad institucional del país, impiden que el CONAPE cumpla a cabalidad con sus funciones, a pesar de que 70 instituciones nacionales están afiliadas a ese organismo.
Por ejemplo, es una utopía, el artículo 46 de la Ley 352-98 que ordena entregar a los mayores de mayores de 65 años un carnet de exoneración, que les garantiza descuentos de un 30 por ciento en las entradas de los cines, los teatros y espectáculos deportivos o artísticos.
También, un descuentos de entre un 20 y un 30 por ciento en el transporte público, de un 15 en los servicios médicos en hospitales y clínicas privadas y de un 10 en las consultas médicas privadas.
La Oficina Nacional de Estadística estableció que República Dominicana cuenta con 938,135 adultos mayores, de los cuales sólo 98,896 son beneficiados con asistencia estatal, a través del Programa de Protección al Envejeciente en Extrema Pobreza (PROVEE), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y la tarjeta Progresando con Solidaridad, cuyo seguimiento está a cargo del CONAPE.
De esos, 2,700 ancianos que viven en “condiciones especiales” por grave deterioro de su salud física y mental, reciben raciones alimenticias.
El CONAPE opera con un presupuesto de RD$57.2 millones, la mayoría de los cuales apenas alcanza para cubrir el pago de sueldos 98 empleados y otros gastos operativos.
La directora del organismo, licenciada Nathalie María, denunció recientemente los males psicológico y físicos que sufren los ancianos.
“A mayor edad, mayor vulnerabilidad y las personas están más expuestas a sufrir malos tratos”, manifestó. Aseguró que esa institución recibe de las Fiscalías unos 300 casos mensuales de violencia y abusos contra envejecientes, cifra que consideró alarmante.
El país hace caso omiso a los mandatos de proteger a los ancianos que durante décadas han mantenido los organismos internacionales de los cuales es signatario.
En 1982, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, definió la política a seguir para poder encontrar soluciones jurídicas a temas como seguridad de ingresos y empleo, bienestar, salud, educación y protección de los consumidores ancianos.
En 1991 Naciones Unidas emitió una resolución que define la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad como sus principios en favor de las personas de edad.
En 2002 fue celebrada la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Madrid y fue aprobado un Plan de Acción Internacional para responder a las necesidades de esta población en el siglo XXI.
La ONU declaró el día 1 de octubre como el día internacional de las personas mayores mediante la resolución 45-106 del 14 de diciembre de 1990, celebración que sólo sirve en República Dominicana para que unos cuantos funcionarios pronuncien huecos discursos.
