Finjus plantea desarme a la población y pacto por seguridad

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“Sin seguridad ciudadana no existen condiciones adecuadas para la seguridad jurídica y el clima de inversiones que se requieren para un desarrollo sostenible”, sostuvo.
“Sin seguridad ciudadana no existen condiciones adecuadas para la seguridad jurídica y el clima de inversiones que se requieren para un desarrollo sostenible”, sostuvo.

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) planteó este lunes el desarme a la población y un pacto nacional por la seguridad ciudadana como mecanismos para contrarrestar la inseguridad.

A través de un comunicado, Servio Tulio Castaños, presidente de la entidad, indicó que este pacto establecería las estrategias, programas, responsables y los recursos que se requieren para encaminarnos hacia una sociedad donde la convivencia pacífica, el bienestar social y el desarrollo humano sean el sustento del progreso socioeconómico y el fortalecimiento de las instituciones.

Entiende, además, que las armas son peligrosas y por tanto “una estrategia de seguridad debe empezar por disminuir su uso en la población civil y concentrarlas en las instituciones de seguridad”.

“Sin seguridad ciudadana no existen condiciones adecuadas para la seguridad jurídica y el clima de inversiones que se requieren para un desarrollo sostenible”, sostuvo.

Precisó que la falta de asignación de recursos públicos, la ausencia de transparencia con la que se manejan en la gestión interna de estas instituciones, la falta de educación ciudadana y civismo como herramientas de prevención.

Además, la utilización de estas instituciones con fines políticos partidarios y la falta de control sobre el creciente crimen organizado,  han confluido para producir una crisis real en el sistema de seguridad ciudadana, que a su vez se ha convertido en una de las peores pesadillas para el fortalecimiento del clima de bienestar en el país.

Abogó por la urgente e impostergable aprobación en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Reforma de la Policía Nacional presentada por el Poder Ejecutivo en el 2013. “Entendemos que si esta ley no es aprobada, no tendremos un marco adecuado para mejorar ninguno de los aspectos sustanciales de la inseguridad ciudadana en el país y se habrá desperdiciado lamentablemente una  oportunidad de resolver un eslabón clave en la cadena de intranquilidad que nos afecta”, dice el comunicado.

Otras de las líneas de acción propuestas por FINJUS son: promover programas que presten asistencia integral a niños, adolescentes y jóvenes en situación de desamparo y abandono familiar, que se encuentren en conflicto con la ley y estimular las iniciativas de integración familiar.

Abogan también porque se destinen recursos adecuados para la aplicación de programas preventivos con abordaje nacional que superen los programas pilotos y de corto alcance.

Cita, además, incrementar los programas integrales de desarrollo social y comunitario en las zonas del país con mayor exclusión social, definir con mayor precisión y claridad la política nacional de seguridad ciudadana, profundizar la depuración y reforma de la Policía Nacional para reencausarla como una institución de carácter profesional.

Platean también desarticular todas las redes de apoyo que se han creado al interior de los organismos estatales, que dan soporte, pasan información o simplemente descuidan sus responsabilidades, para facilitar el desarrollo del crimen organizado

Indica que es indispensable incrementar la efectividad del sistema de justicia penal en las tareas de investigación, persecución y acusación de los delitos y crímenes.

“Se debe reforzar la capacitación de policías y fiscales y promover una mayor coordinación e intercambio de información entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, para un mejor desempeño en los tribunales”, dice.

Considera que se deben diseñar programas eficientes e integrales que faciliten la reinserción social y laboral de quienes han cumplido su pena.