SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Los mandos militares y policiales se reunieron la mañana de este miércoles para tratar el tema del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la estrategia que implementarán para frenar la amenaza de protestas que se ciernen en la población por la observación en su totalidad del Poder Ejecutivo sobre la Ley que declara a Loma Miranda parque nacional.
En la reunión participaron el ministro de Defensa, teniente general William Máximo Muñoz Delgado; el comandante general de las Armadas de la República Dominicana, vicealmirante Edmundo Feliz Pimentel; el comandante general del Ejército Nacional, mayor general, José Eugenio Matos de la Cruz; el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), mayor general Elvis Feliz Pérez, y el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Elpidio Castro Castillo.
El jefe de la Policía dijo que esa institución es garante del orden público y que reuniones como esta, continuarán de manera virtual entre todos los organismos competentes, para mantener la tranquilidad de la población.
Castro Castillo informó que el próximo encuentro será realizado en la sede del Ministerio de Defensa, con el objetivo también de coordinar los trabajos de la seguridad ciudadana.
Y es al momento de conocer el veto a la Ley sobre Loma Miranda, inmediatamente se anunciaron protestas.
Como es el caso del padre Rogelio Cruz, quien realizó en horas de la mañana de este miércoles una marcha en reclamo a que el Poder Ejecutivo declare a Loma Miranda parque nacional.
Se recuerda que el Poder Ejecutivo observó ayer martes en su totalidad la Ley que declara a Loma Miranda parque nacional, tomando en consideración, entre otras razones, de que la pieza contiene dudas de su compatibilidad con la Constitución dominicana y que la misma vendría a desconocer compromisos internacionales que ha asumido el Estado.
Tras revolver el proyecto, vía el Senado de la República, el presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional no solo el rechazo de esta ley, sino además a postergar cualquier decisión sobre Loma Miranda, y sobre cualquier otro ámbito del territorio nacional de potencialidad minera, hasta que el Poder Legislativo dicte la Ley que manda la Constitución sobre el Plan de Ordenamiento Territorial.
Además, el Ejecutivo sustenta la observación al hecho de advierte falta de evidencias respecto de la suficiencia de los recursos previstos para pago de expropiaciones y/o indemnizaciones.
