SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El embajador dominicano en Washington acusó este jueves a la Fundación Robert F. Kennedy (RFK) de patrocinar una campaña de desinformación hasta el punto de intentar socavar su relación comercial con socios internacionales claves como los Estados Unidos.
“Esta cruzada, de una vehemencia rayana en animosidad, descaradamente insiste en desconocer tanto las realidades de nuestro país como las medidas positivas y de amplio alcance implementadas por el Gobierno para reducir la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados”, dijo Aníbal de Castro al referirse al más reciente artículo escrito por Santiago Cantón, director RFK Partners for Human Rights, en el diario El País.
El diplomático se expresó en esos términos mediante una carta dirigida a Kerry Kennedy, presidenta del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, y a Cantón, director RFK Partners for Human Rights.
De Castro manifestó que Cantón aborda el tema migratorio para desacreditar al país, hasta el punto de intentar socavar su relación comercial con socios internacionales claves como los Estados Unidos, son acciones que contradicen las metas humanitarias de las cuales se jacta su organización.
A continuación la carta íntegra enviada por Aníbal de Castro:
Señora
Kerry Kennedy
Presidente
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights
1300 19th Street, NW?
Suite 750?
Washington, DC 20036
Señor
Santiago Cantón
Director
RFK Partners for Human Rights
1300 19th Street, NW?
Suite 750?
Washington, DC 20036
Estimados señores Kennedy y Cantón:
Con la publicación del más reciente artículo del señor Cantón en el diario El País, me resulta ya impostergable expresarle mi profunda preocupación por la campaña de desinformación que patrocina la Fundación Robert F. Kennedy (RFK) contra la República Dominicana. Esta cruzada, de una vehemencia rayana en animosidad, descaradamente insiste en desconocer tanto las realidades de nuestro país como las medidas positivas y de amplio alcance implementadas por el Gobierno para reducir la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados. Estos manejos para desacreditar al país, hasta el punto de intentar socavar su relación comercial con socios internacionales claves como los Estados Unidos, son acciones que contradicen las metas humanitarias de las cuales se jacta su organización.
Responderé a tres de los argumentos engañosos que sustentan la postura de RFK, tal como han sido planteados en sus múltiples notas de prensa, eventos y artículos. Primero, el planteamiento que la República Dominicana ignora sus obligaciones internacionales al desoír las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema de la adquisición de la ciudadanía. Segundo, el planteamiento de que la República Dominicana debió desacatar el fallo del Tribunal Constitucional del año 2013, violentando el principio de la separación de poderes y por lo tanto el sistema democrático en que este se sustenta. Finalmente, refutaré la premisa de que al tomar decisiones en torno al tema migratorio los dominicanos actúan motivados por un supuesto espíritu de discriminación contra personas de piel oscura, particularmente haitianas.
En primer lugar, la República Dominicana ha planteado claramente tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Corte su posición en torno al tema del derecho a la nacionalidad dominicana de los descendientes de extranjeros. Para comenzar, el país nunca ha violado el principio de que “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, plasmada en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dado su extenso conocimiento de las reglas relevantes sobre migración y ciudadanía, es imposible que ignoren el artículo 11.2 de la Constitución Haitiana de 1983 que declara explícitamente: “Posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos que no hayan renunciado a su nacionalidad al momento de su nacimiento”. Mientras Haití opere bajo el principio del ius sanguinis, es incuestionable el derecho de todo aquel de padres haitianos de acceder a la nacionalidad de estos sin importar dónde haya nacido, incluida la República Dominicana. No puede imputársenos cualquier dificultad procedural o administrativa para dotarse de documentos de su país que enfrente un extranjero si este se encuentra fuera del parámetro constitucional para la ciudadanía dominicana pero tiene derecho a la nacionalidad de sus padres. Tampoco puede tal obstáculo generar al país obligaciones adicionales a las ya asumidas bajo el derecho internacional.
Los hijos de padres dominicanos que nazcan en cualquiera de los aproximadamente 160 países bajo el ius sanguinis, incluyendo, por supuesto, Haití, no adquieren ipso facto una nacionalidad distinta a la dominicana. Nadie arguye, sin embargo, que por ser miembros de la extensa comunidad de emigrantes dominicanos esparcidos por el mundo y no tener derecho a obtener la ciudadanía de su lugar de nacimiento corren riesgo de apatridia.
Su imputación tan repetida de que la República Dominicana está generando apatridia entre los descendientes de haitianos al no otorgarles la ciudadanía dominicana es falsa y perniciosa; a otros países no los instan activistas internacionales a que vulneren el estado de derecho para acomodar presiones políticas exógenas.
Igualmente falaces son las obstinadas acusaciones de que la República Dominicana aplica un nuevo marco legal retroactivamente, en perjuicio de su población inmigrante.
Los fallos de la Suprema Corte de Justicia en 2005 y el Tribunal Constitucional en 2013 responden ambos exhaustivamente a esta denuncia: la tradición legal del último siglo, incluyendo leyes, tratados migratorios internacionales, y la jurisprudencia generada por las cortes, claramente establece los límites del estatus de inmigrante no permanente o ilegal de un extranjero.
Como admite incluso la CIDH, el derecho internacional concede a los Estados determinar las condiciones para la adquisición de su nacionalidad. Solo pedimos que la República Dominicana reciba este mismo trato; e insistiremos en esta demanda en cada foro, especialmente cuando nos juzguen mediante un uso selectivo de la información o, como en el caso de las niñas Yean y Bosico vs. la República Dominicana, antes de que sean debidamente explorados y agotados todos los recursos legales locales.
En segundo lugar, abordaré su afirmación de que el Gobierno dominicano no debe acatar los fallos del Tribunal Constitucional. La realidad es que el desconocimiento al mandato explícito de la más alta instancia judicial del país tendría un costo simplemente incalculable en términos políticos y de gobernanza. Debe resultar evidente para una entidad interesada en la paz mundial que esta comienza en casa, con el respeto a las leyes y reglas que organizan la sociedad democrática y la separación de poderes.
Sus argumentos en este sentido giran principalmente en torno a la posición de la Comisión y de la CIDH. Sin embargo, la más reciente sentencia de la CIDH ha puesto nuevamente en entredicho la legitimidad del organismo regional al insistir en ignorar ordenamientos internos de los Estados y transgredir su competencia. Más allá de la ya mencionada negación del derecho intrínseco de la República Dominicana a determinar su propio ordenamiento jurídico, en franco menosprecio de la realidad imperante en la mayoría de países del mundo, sorprende el desconocimiento deliberado de los pasos concretos ya dados para mejorar la situación de los derechos de los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país. Este sesgo criticable, en persecución de una agenda muy particular, socava la facultad de la Corte para actuar como órgano jurisdiccional regional, en defensa de todos en el Continente y no solo de aquellos que presumen de un discernimiento privilegiado en cuanto a la mejor aplicación de las normas fundamentales de protección de derechos. Resulta imposible para nuestro país participar en esta confabulación, que obra en detrimento de la estabilidad del Estado de Derecho en la región.
No obstante la historia que quisieran contar los actuales miembros de la CIDH, nuestro gobierno ha actuado con celeridad para encontrar soluciones a las situaciones generadas por el estado actual de documentación en el país y el fallo de la sentencia 168-13, siempre en el marco de la ley y en busca de un amplio consenso. La legitimidad de las medidas implementadas luego de este proceso abierto y democrático es indisputable y satisface el derecho de autonomía del pueblo dominicano. La ley 169-14 contempla cada situación enfrentada por los hijos de extranjeros indocumentados en la República Dominicana. Considerada junto al Plan de Regularización – un esfuerzo ambicioso sin precedente en nuestro hemisferio – resulta indudable que nuestro Gobierno está comprometido con la protección de cada individuo bajo su jurisdicción. Su descalificación de los avances logrados a favor de la población inmigrante, no solo los más profundos en la región sino frutos de un enfoque conciliador con apoyo popular importante, me obliga a cuestionar seriamente el compromiso de su organización con la democracia y la paz.
Es muy fácil ponderar los derechos humanos en abstracto o a través del prisma académico. En cambio, el Gobierno dominicano enfrenta todos los días las realidades políticas y complejidades intrínsecas a una democracia en proceso de maduración. Trabajamos, empero, para asegurar que las obligaciones y derechos consagrados en nuestra Constitución apliquen igualmente a todos dentro de nuestro territorio. Los valores inherentes a la noción de derechos humanos son universales, y sin embargo en este tema ustedes suelen rastrear torpezas solo en las acciones de la República Dominicana.
En tercer lugar, una campaña en el plano internacional tan mal fundamentada solo puede ganar aparente autenticidad si se invoca el fantasma del racismo. Por eso nuestros detractores realzan la supuesta atmósfera de discriminación que permea las actitudes dominicanas hacia los haitianos y sus descendientes en el país. Cada vez que se discute o se cuestiona el tema migratorio, tan presente en nuestro país como en economías desarrolladas en Europa y en los Estados Unidos, donde sí se mantiene un debate abierto al respecto, hay voces que lo atribuyen al rechazo generalizado de los haitianos simplemente por el color de su piel.
En realidad, puede hasta sorprender la poca fricción que genera la coexistencia de los dominicanos y haitianos, habida cuenta de la magnitud de la inmigración ilegal hacia la República Dominicana en décadas pasadas. A pesar de la presión sobre los servicios públicos dominicanos, lejos aún de una cobertura verdaderamente universal y de calidad para sus beneficiarios, no hay un sentimiento popular en contra de la solidaridad que se expresa cada día en las atenciones dadas a los extranjeros. Tampoco existe política gubernamental alguna que les niegue servicios básicos. Más allá de la práctica de puertas abiertas que mantienen los proveedores públicos, los inmigrantes disfrutan de innumerables facilidades y privilegios, especialmente en el acceso al sistema sanitario y a las cortes laborales.
Bastan unas pocas cifras para ilustrar la dimensión del impacto: alrededor del 18 por ciento del presupuesto de salud pública se emplea en atenciones a extranjeros (de los cuales alrededor del 98 por ciento son haitianos), y en algunos hospitales fronterizos más de 50 por ciento de los partos son de madres haitianas. Según cifras oficiales, el número de estudiantes haitianos que accedieron a las escuelas públicas dominicanas en 2013 fue 34,158. Es de sobras sabido que casi sin excepción nuestros maestros y directores de escuela conciben la educación como un derecho, sin importar nacionalidad. Esto explica por qué algunas escuelas públicas fronterizas acomodan los horarios a los estudiantes que cruzan la frontera todos los días para estudiar en la República Dominicana.
Por supuesto, el mejor ejemplo de la verdadera actitud de los dominicanos hacia sus vecinos más cercanos sigue siendo el derrame espontáneo de ayuda y solidaridad que suscitó el terremoto de 2010. Al día de hoy, con sus esfuerzos infatigables para avanzar la ambiciosa agenda bilateral, nuestro país demuestra una vez más su intención de construir un destino compartido con Haití. Les advierto que es muy firme nuestro rechazo a las voces que buscan sembrar discordia entre nuestros países y su gente, y contamos con la firme colaboración de Haití para la solución satisfactoria de los problemas comunes.
La República Dominicana estará siempre dispuesta a trabajar con quienes deseen hacer aportes constructivos al bienestar de nuestra isla, pero solo en un ambiente de verdadero respeto e igualdad. Quedo a su disposición para discutir la posibilidad de un diálogo abierto bajo el postulado de que la República Dominicana labora con buena fe para trazar un camino de desarrollo sostenible e inclusivo, sin acusaciones espurias e insinuaciones dañinas.
Con esta carta les invitamos a cambiar la obsesión por cooperación, y la miopía por una visión amplia de las realidades de la isla Española. Les pedimos que unan sus fuerzas a las nuestras para continuar construyendo una verdadera democracia para los dominicanos y todos los que disfrutan de nuestra hospitalidad. No me cabe duda de que Robert F. Kennedy hubiera asumido esta tarea con entusiasmo.
Con la más alta consideración, se despide,
Aníbal de Castro
Embajador
