SANTO DOMINGO ESTE, RD.- La juez de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, en funciones de juez de instrucción especial inició el conocimiento de la medida de coerción contra once implicados en el robo y venta de 950 kilos de cocaína.
Como principales implicados figuran el destituido director del Dican Carlos V. Fernández Valerio y los fiscales de la provincia Santo Domingo Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro.
Varios abogados se quejaron de que no habían tenido acceso al expediente por lo que pedían un aplazamiento. Explicaron al tribunal que no conocían la solicitud de la medida de coerción y que lo que sabían era por los medios de comunicación.
Ramón Francisco Guzmán, abogado del coronel Félix Humberto Paulino, jefe de operaciones del Dican, dijo que las investigaciones que realizó el Ministerio Público es muy deficiente y que parece como una novela.
“Una narración en prosa de hechos ficticios. Lo que ellos dicen van a tener que demostrarlo”, dijo previo a la audiencia de medida de coerción.
Asimismo señaló que los fiscales hablan de drogas, pero “¿Donde está esa droga? y ¿los compradores?, porque en un negocio de compra y venta, debe existir un vendedor y un comprador”.
El abogado Guzmán precisó que al jefe de operaciones del Dican no se le ocupó nada, ni tampoco entregó nada y que la reunión de que hablan en la solicitud de medida de coerción son suposiciones de los fiscales encabezados por Bolívar Sánchez.
En esa investigación hay resentimiento, odio, añadió para reiterar que hay un fiscal, “el señor Bolívar Sánchez que tiene problema con él” y que por eso lo incluyó en el expediente acusatorio al cual dijo no ha tenido acceso.
Ministerio Público
Un general, un teniente coronel de la Policía, dos procuradores generales adjuntos y el padre de la raso Raidiris Lironely García Miranda, son parte de las pruebas testimoniales del Ministerio Público para la medida de coerción.
El general Orlando Pichardo Reynoso, encargado de asuntos internos de la Policía; los procuradores generales adjuntos Iván Lorenzo y Bolívar Sánchez; el teniente coronel Edwin Marrero Castillo; el procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Domingo Cabrera Fortuna y Arquimedes de Jesús García, padre de la raso, son aportados por el Ministerio Público, para declarar ante el tribunal.
Como pruebas materiales presentan a la juez Wendy Martínez, dos apartamentos, una yipeta, un carro, 15 mil dólares y un millón 447 pesos.
En la solicitud de la medida firmada por el doctor Eduard Robel Rodríguez Mendoza, procurador general de la Corte de Apelación y Jeremías Nova Fabian, procurador adjunto de la Corte de Apelación adscrito a la Inspectoría General del Ministerio Público.
Según la solicitud, el Ministerio Público en el proceso de investigación ha obtenido hasta el momento valores en efectivo, tanto en pesos y en dólares norteamericanos, certificados financieros, certificados de títulos, actos de compra y venta de inmuebles, apartamento, vehículos.
Narración de hechos
Según el expediente acusatorio “Estando todos dentro de la casa número 78, de las calle 8 del ensanche Isabelita, el teniente coronel Feliz Humberto Paulino López dejó con los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro a los miembros del equipo y en compañía del sargento mayor Antolín de los Santos Zabala se trasladó a la avenida México, próximo a la avenida Tiradentes, estacionado el vehículo en el que andaban frente a la Lavandería Royal, ordenándole al sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, que le esperara en el vehículo en el cual transportaban la droga.
“Mientras el sargento mayor esperaba el teniente coronel Paulino López, entró a uno de los apartamentos de las torres que se encuentran en el lugar, reuniéndose por un espacio aproximado de 30 minutos con el coronel Carlos V. Fernández Valerio, director del Dican, informándole sobre el hallazgo de una cantidad considerable de droga.
“Al finalizar la reunión el teniente coronel Paulino López regresó a la calle 8 No. 78, Residencial Michel, del ensanche Isabelita II, del municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, lugar donde le esperaban los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Carlos R. Amézquita Reinoso, 1er. teniente Balbaro Torrez Beltrán, cabo Agapito Muñoz Evangelista, raso Raidirys Lironely García Miranda y el sargento Pedro J. Almánzar González, procediendo el teniente coronel Féliz Humberto Paulino López de inmediato a entrar de reversa a la marquesina de la casa allanada el vehículo en el que andaban y procedió a subir a la segunda planta.
Los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y el teniente coronel Féliz Humberto Paulino López, procedieron a bajar los bultos que contenía 930 kilos de cocaína, droga que tumbaron y la introdujeron, una parte en el vehículo que andaban los fiscales y la otra parte en la camioneta en la que se trasladaba el teniente coronel Paulino López, ausentándose luego del lugar los fiscales en su vehículo con una parte de la droga y el coronel en la camioneta con la otra parte de la droga robada”.
Según los investigadores en la casa allanada se quedaron el mayor Luciano Gómez Cabrera; mayor Carlos R. Amézquita Reinoso, el primer teniente Balbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, raso RaidirysLironely García Miranda y el SargentoPedro J. Almánzar González.
Acusados sin abogados
El tribunal, próximo a las 11:00 de la mañana, otorgó un receso de 15 minutos para que se presentara al lugar el mayor Carlos R. Amézquita Reynoso.
El receso permitiría que constituyera abogado el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, de lo contrario, el tribunal le asignará un defensor público.
El primero en ser traslado al tribunal fue el director del DICAM, coronel Fernández Valerio. Pasadas las 9:00 de la mañana llegaron los demás implicados.
