SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El propio jefe operaciones de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional transportó en una camioneta de esa entidad parte de los 930 kilos de cocaína robados tras un allanamiento realizado en noviembre pasado tras haber recibido instrucciones de manera personal del jefe de esa entidad, según consta en las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.
Las autoridades han determinado que horas antes el fiscal Ramón Augusto Veras Castro dirigió un allanamiento previo con el equipo de la Dican en el residencial Regina, de San Isidro, donde ocuparon 44 pepas o huevos de cocaína, arrestando en el lugar a Gilberto Guzmán Rodríguez (alias Chepón o Newton).
En esa operación el fiscal Veras Castro estaba acompañado del jefe de Operaciones de la Dican ,teniente coronel Feliz Humberto Paulino López, y de los miembros adscritos a esa dependencia, el mayor Luciano Gómez Cabrera, el mayor Carlos R. Amézquita Reinoso, el teniente Balbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys Lironely García Miranda, el sargento Pedro J. Almánzar González y el sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, junto a otros agentes más.
Según las investigaciones, recién finalizado ese operativo, el fiscal Veras Castro recibe una llamada del fiscal Máximo Díaz Ogando, quien también habló con Paulino López para invitarlo a que le acompañaran a practicar un allanamiento en la casa número 78 de la calle 8 del residencial Michel, del ensanche Isabelita II de Santo Domingo Este.
Es entonces cuando parten hacia el lugar Veras Castro en compañía del equipo de la Dican conformado por Paulino López, Gómez Cabrera, Amézquita Reynoso, Torres Beltrán, Muñoz Evangelista, García Miranda, Almánzar González y De los Santos Zabala.
Al llegar a la vivienda, el equipo detecta varios bultos con 930 kilos de cocaína y en vez de proceder el decomiso, el teniente coronel Paulino López se hizo acompañar del sargento mayor De los Santos Zabala para ir al apartamento del jefe de la Dican, coronel Fernández Valerio. Se quedaron cuidando la droga los fiscales Díaz Ogando y Veras Castro junto con los demás miembros.
Acudió apartamento
Según las indagatorias del Ministerio Público, cuando el coronel Paulino López llegó al apartamento de Fernández Valerio dejó dentro del vehículo a De los Santos Zabala, estacionado frente a una lavandería y conversó por poco más de media hora con su superior jerárquico, momentos en que le informó que había encontrado un gran cargamento.
Al término de ese encuentro, Paulino López retorna a la casa donde estaba la droga y él mismo estaciona de reversa la camioneta en la que cargan una parte de la cocaína (unos 700 kilos).
La otra parte la cargaron en un vehículo en el que luego salieron los fiscales Díaz Ogando y Veras Castro.
Paulino López y De los Santos Zabala salieron en la camioneta cargada y los dos fiscales en el vehículo, dejando custodiando la residencia a Gómez Cabrera, Amézquita Reinoso, Torrez Beltrán, Muñoz Evangelista, la raso García Miranda y Almánzar González.
Unos 30 o 45 minutos después retornan sin la droga y entonces los fiscales y el coronel Paulino López proceden a levantar un acta de allanamiento con informaciones falsas en la que indican que en el lugar no fue encontrado nada comprometedor y hacen constar que el operativo fue realizado con miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, como forma de intentar eludir futuras indagatorias.
Indican que los fiscales consiguieron la orden de allanamiento de manera fraudulenta, ya que la solicitaron a nombre del también fiscal Leonidas Suárez, cuyo nombre usaron para firmarla de orden. La Procuraduría ha determinado que Suárez no participó de la operación investigada.
DEA seguía el cargamento
Fuentes militares informaron que esa droga era parte de una operación de narcotráfico que realizaba un cartel suramericano en complicidad con dominicanos que recibieron la droga días antes del robo del 23 de noviembre atribuido a la Dican.
Casualmente la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos seguía ese cargamento con informaciones de inteligencia que compartía con la DNCD.
Sabiendo que el cargamento había sido introducido al país, realizaron varios días después un allanamiento, encontrándose con la sorpresa de que no había drogas. Sin embargo, pudieron detectar trazas de presencia importante de drogas en la residencia, lo que también activó las sospechas y las investigaciones por parte de esa agencia.
Estados Unidos puso al tanto de la situación a la Procuraduría, que el 23 de diciembre inicia una investigación en firme sobre el caso.
Confesión
En el marco de esas indagatorias las autoridades lograron la confesión del padre de la raso García Miranda, quien señaló que su hija compró un apartamento con el dinero que le entregó el teniente coronel Paulino López por su participación en los hechos imputados.
Arquímedes de Jesús García indicó que su hija recibió en total tres millones de pesos, con lo que compró la propiedad por 2.6 millones, la cual habría entregado de manera voluntaria al Ministerio Público.
También hizo devolución de un carro marca Toyota Viz de 2009 comprado con esos mismos recursos.
Otro que hizo entrega voluntaria del dinero recibido fue De los Santos Zabala, quien entregó una yipeta marca Toyota, blanca, modelo 2006, y RD$1.45 millones de pesos. Éste confesó haber recibido el dinero de parte del teniente coronel Paulino López
Solicitud de medida de coerción
El Ministerio Público solicitará hoy un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, el coronel Carlos Fernández Valerio, el teniente coronel Féliz Humberto Paulino López, el mayor Luciano Gómez Cabrera, el mayor Carlos R. Amézquita Reinoso, el teniente Bálbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys Lironely García Miranda y el sargento Pedro J. Almánzar González.
La solicitud de medida de coerción será conocida por la jueza Wendys S. Martínez Mejía, actuando como jueza de Instrucción.
Con relación al caso también están bajo investigación el coronel Guillermo Báez Ubiera, el teniente coronel Francisco Valenzuela Valenzuela, el mayor Ruddy José Japa Álvarez, y el teniente William Ruddy Rosario Guerrero, los cuales no fueron incluidos en esta solicitud de medida de coerción.
