Por Miguel Cruz Tejada
WASHINGTON.- La Fundación Thompson Reuters, con sede en Washington, afirmó que en la República Dominicana se practican cada año más de 90 mil abortos inseguros, al tiempo que alabó la posición del presidente Danilo Medina en apoyar la modificación que establece excepciones para permitir legalmente la práctica, negada a las mujeres en la constitución dominicana del 2010.
La organización respaldó la posición de Medina sobre este tema y calificó como histórica, la postura del mandatario.
«Definitivamente es la victoria y un paso histórico que el presidente Medina, haya hablado en una declaración en favor de los derechos de la mujer, acerca de que el Código Penal viola el derecho de las mujeres a la vida, la salud y la autonomía», dijo Mónica Arango, directora regional para América Latina de la fundación.
Señaló que cada año, más de 90.000 abortos inseguros son practicados en la República Dominicana. Arango advirtió que si algunos legisladores dominicanos conservadores persisten en enfrentar el derecho de las mujeres ante el Tribunal Constitucional, «podría haber una reacción violenta».
El tema, mantiene una controversia en el país caribeño que involucra a todos los sectores sociales, incluyendo la tradicional posición de la poderosa iglesia católica y romana, que se opone radicalmente al aborto.
Los legisladores dominicanos discutirán en febrero las propuestas y enmiendas introducidas por el presidente respecto al aborto, para rediseñar el marco legal que ampraría a la mujer para abortar si han sido violadas, si el embarazo es el resultado de un incesto o si el feto está deforme.
Medina promulgó a mediados de diciembre del 2014, la Ley 550-14, sobre el Código Penal de la República e introdujo un texto alterno para modificar los artículos 107, 108, 109 y 110 en lo referente al aborto.
Pero todavía falta por discutirse en el Congreso Nacional la parte más controversial y conflictiva que es la que regula los casos de abortos por violación, incesto o malformaciones incompatibles con la vida, todavía penalizados en el país.
Se espera que el tema sea puesto en agenda, cuando inicie la legislatura del 2015 a partir del próximo 27 de febrero, aunque los escépticos, descartan su aprobación.
