Por CÁNDIDA FIGUEREO
El peor de los desatinos para cualquier país o grupo poblacional es la mordaza a costa de la imposición arrolladora mediante métodos perversos que, quiérase o no, en algún momento ponen en evidencia a quienes se prestan a esas diabluras.
Lo peor de todo es que no pocos de quienes se prestan a socavar la libertad de expresión se pintan como santitos que no rompen un plato, pese a que de manera solapada hacen un gran hueco a ese derecho fundamental o humano que es la libertad de expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su reunión a medio año en Panamá, se hizo eco de lo que ocurre y con sobrada razón. Si se acalla la voz los seres humanos, nos convertiríamos en meros lacayos repetidores de malvadas conciencias ajenas, conciencias que van para el infierno.
Las barreras para acallar las voces a medios de comunicación tienen variopintos mecanismos donde los poderes del dinero y el político intentan amarrar toda voz y medio de comunicación para que haya una sola campana a su favor.
Ese jueguito pesado denunciado en la referida reunión, de lo que se ha hecho eco una parte de la prensa local, debe asumirse como un alerta.
En lo inherente a la República Dominicana la Constitución es explícita: “Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
1. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;
2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley;
3. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;
4. La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.
Mientras que la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» de 1948 en su artículo 19 refiere que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Hace un buen rato que los filósofos Montesquieu, Voltaire y Rousseau se refirieron que “la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política.”
No pocos han sido destutanados arbitrariamente, o sufrido en silencio el mutismo a que son sometidos, de lo que probablemente escapan muy pocos en la escalera jerárquica en los países donde este fenómeno ha cobrado fuerza.
Cualquiera que sea mancillado en su independencia de expresión por quienes utilizan recursos, intimidación o muerte a través de “la fuerza” en sus distintas derivaciones, pagará alguna vez con lágrimas de sangre aunque sea en su sepulcro ese equívoco si se acalla la voz de la transparencia, de la equidad y la libertad. La voz de la prensa, de los digitales informativos y de la población en general.
