WASHINGTON.- El Departamento de Estado de EE.UU. volvió hoy a criticar la falta de transparencia presupuestaria de Nicaragua, República Dominicana y Haití y los incluyó en su lista de los que no han realizado progresos en esas áreas durante 2014.
El informe sobre transparencia fiscal (que examina a 140 países del 17 de enero al 31 de diciembre de 2014) es especialmente crítico con la falta de control de la «sustancial» cantidad de dinero que Nicaragua recibe de Venezuela o los excesivos gastos de la oficina presidencial de la República Dominicana.
El Departamento de Estado destaca, además, que las empresas públicas nicaragüenses no son auditadas, como tampoco lo es la asistencia recibida desde Venezuela, que «no está sujeta a supervisión legislativa».
En el caso de República Dominicana, critica «las abultadas asignaciones presupuestarias para la Presidencia», que suponen el 9 % de todo el presupuesto anual, mientras que la dotación para gastos de inteligencia no se someten a control civil.
Según los presupuestos de 2015 publicados por el Gobierno dominicano, la partida de la Presidencia de la República es mayor que la del Ministerio de Interior y solo es superada por los ministerios de Sanidad y de Educación.
En el caso de Haití, la economía más pobre de América, el informe indica que la transparencia mejoraría «si se identificaran claramente los ingresos de recursos naturales y las asignaciones a las empresas públicas y sus ingresos».
La lista incluye a 50 países que, según los estándares fijados por EE.UU., no cumplen requisitos de publicación de información sustancial y fiable sobre presupuestos.
Estados Unidos incluye en la lista de los países que no cumplen los requisitos mínimos de transparencia presupuestaria a China (la segunda economía mundial) o aliados como Egipto, Ucrania, Pakistán o Arabia Saudí.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son algunos de los países que figuran como cumplidores.
Esta lista, que el Departamento de Estado redacta desde 2008, no tiene consecuencias directas y sirve para hacer recomendaciones a los países incumplidores.
