SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, advirtió hoy al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que no permitirá injerencias en el tema migratorio, dos días después de que concluyera el plazo para acogerse al Plan de Regularización para Extranjeros.
El funcionario se pronunció así tras la solicitud de ACNUR al Gobierno dominicano para que no se deporten a los dominicanos hijos de extranjeros indocumentados.
El pasado miércoles finalizó el plazo de acogida al Plan de Regularización para Extranjeros, por lo que ayer entró en vigor la segunda fase del plan, que prevé el inicio de los operativos de repatriaciones de los que no se inscribieron a dicho Plan.
El portavoz de la ACNUR, Adrian Edwards, dijo hoy en Ginebra que ese organismo está muy preocupado por las más de 200,000 personas que podrían ser expulsadas a Haití a pesar de no contar con la nacionalidad haitiana.
Edwards señaló que ha pedido a las autoridades dominicanas que además de los documentos, tengan en cuenta otros criterios para otorgar o denegar la nacionalidad, como el hecho que la persona demuestre total dominio del español.
En respuesta, el ministro de Interior y Policía recordó hoy a la ACNUR que en la República Dominicana «no hay refugiados» y que las autoridades no permitirán injerencias extranjeras porque este «es un país soberano».
«Oímos observaciones, oímos los planteamientos y los respetamos, pero injerencias no permitimos», advirtió.
A su vez, dijo que el proceso Plan de Regularización para Extranjeros, que se extendió durante 18 meses, fue «exitoso» y seguido de cerca por organizaciones internacionales.
«El país tiene por primera vez una politica migratoria seria, con controles», concluyó Fadul.
Según datos del Ministerio de Interior y Policía, un total de 288,466 extranjeros de 23 nacionalidades, principalmente haitianos, se inscribieron en el Plan, aunque solo 4,600 completaron todos los requisitos para acogerse al proceso.
El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que no solo se pudieran llevar a cabo deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.
Para estos se aprobó la Ley de Naturalización cuyo plazo para acogerse concluyó en febrero y a la que se esperaba que se inscribieran entre 55,000 y 60,000 personas, pero solo 8,775 lograron completar el proceso, por lo que diversas organizaciones temen que el resto quede apátrida
