CONSIDERA UNA ESTAFA Y PIDE AL PRESIDENTE MEDINA RESCINDIR CONCESIÓN DE LO QUE DENOMINÓ EL CORREDOR DE LA MUERTE
LAMENTA QUE EN LO QUE VA DEL MES DE JUNIO 23 PERSONAS HAYAN PERDIDO LA VIDA Y DEJADO DECENAS DE HERIDOS
SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, denuncio este lunes que el Estado dominicano paga la increíble suma de Seis Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos (RD$6,850.000.00) diarios, como resultado del déficit de vehículos que no circulen por la concesionada autopista Santo Domingo – Samaná durante el cursante año 2015, a la empresa colombiana Autopistas del Nordeste, establecido en el contrato firmado por el Estado dominicano en el año 2001, de acuerdo a los cálculos de las autoridades de Hacienda, hay una partida de Dos Mil Quinientos Millones de Pesos, en el Presupuesto Nacional para pagar el peaje sombra, que es la diferencia entre lo recaudado por la empresa que administra la carretera que por el bajo flujo vehicular no cubre las metas financieras de la empresa concesionaria.
El Coordinador General de ADOCCO Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, señaló que con la partida asignada este año 2015, la empresa ha de recibir del Estado dominicano desde el inicio de las operaciones de la autovía la friolera suma de Siete Mil Millones, Novecientos Cuarenta y Nueve Mil, Quinientos Pesos, lo que de acuerdo al contrato que tiene una duración de 30 años se denomina “Ingreso mínimo garantizado”, de acuerdo a lo estipulado por la concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, donde se obliga al Estado a pagar un costo elevado por una cantidad mínima de vehículos que deberían utilizar la vía, sin conocerse de manera transparente lo recaudado por la empresa en las estaciones de peaje que opera, cuyo cobro en un viaje de ida y vuelta a Samaná en vehículo liviano, los usuarios de la carretera, construida a un carril en sentido contrario, deben pagar 1,876 pesos en cuatro estafetas.
Esa obra licitada en el primer cuatrienio del presidente Leonel Fernández, tendría un costo de 150 millones de dólares, habiendo recibido ya más de 175 millones de dólares por concepto de peaje sombra, por lo que urge que el presidente Danilo Medina proceda a rescindir el mismo y someter a esta autovía a un proceso de ampliación y readecuación que evite la ocurrencia de accidentes automovilísticos que en lo que va del mes de junio ha cobrado 23 muertos y decenas de personas heridas, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones puede asumir la operación de esa autovía, tal como hizo con la autovía del Este, arrebatado a la empresa CODACSA, que venía estafando al Estado operando un peaje y no realizando las obras por la cual habría recibido el mismo. Continúo diciendo De la Rosa Tiburcio.
La experiencia del Estado con las concesiones no han sido fructíferas, muestra de ello, fue la estafa que contra el pueblo dominicano se gestaba con el proyecto DOVICOM, con un contrato donde se comprometía a invertir Cuatrocientos Millones de Dólares, en donde obtendría la suma de más de Tres Mil Millones de Dólares, con el cobro de los peajes de la autopista Duarte hasta Puerto Plata y, por el sur, el de la carretera 6 de Noviembre, durante 30 años, esa estafa fue cancelada en el año 2013, aunque esta vez, la empresa dominico-colombiana fue compensada ventajosamente sin haber invertido un solo centavo con la suma de Ciento Treinta y Cinco Millones de Dólares, donde hubo manos dominicanas beneficiadas.
Con esa acción el gobierno salvo al pueblo de pagar una millonada de pesos para beneficiar a un puñado de dominicanos que al pasar por la administración pública, se olvidan de su responsabilidad de defender los intereses de la nación, no es justo que a costa del Estado que ellos representan, se someta a ese tipo de compromisos contractuales, sin medir las consecuencias, que bajo el subterfugio de la seguridad jurídica nos vienen afectando desde hace tiempo, por lo que nos abocaremos a denunciar estafas como la de DOVICOM y de la Autovía Santo Domingo-Samaná públicamente ante embajadas y gobiernos amigos, así como llevar la recisión de ese contrato a los tribunales nacionales e internacionales, para sentar un precedente y la clase política tome conciencia. Terminó diciendo.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN