SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La venta, alquiler y empeño de armas de fuego legales o ilegales prolifera en barrios del Distrito Nacional, Santo Domingo y otras provincias. Tan común como la venta de drogas, los que las negocian hacen sus transacciones sin temor a ser apresados porque al parecer “tienen protección de las autoridades, que van a buscar lo suyo”, se ha denunciado.
El sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, al abordar el tema, afirma que “eso de alquilar, vender, empeñar y robar armas, es el pan nuestro de cada día. El que no sabe eso no vive en la República Dominicana”.
Dirigentes comunitarios, populares y de juntas de vecinos, además señalan que el comercio de armas ilegales es un mercado libre en los barrios, y sus precios difieren, ya que mientras menos personas se haya matado con determinada arma utilizada en atracos, más valor tiene, contrario a las denominadas “calientes” que tienen un precio menor.
En barrios populares del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y otros municipios del país, son conocidos los puntos donde se venden las armas de fuego, las que son usadas para cometer atracos, robos y asaltos, para actos de sicariato y hasta con el fin de “echar vaina”.
El negocio es común en sectores que conforman el programa de “Barrio Seguro” de la Capital, Santo Domingo, Santiago, así como de San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Espaillat, Barahona, Elías Piña, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan, y otros, donde se alquilan armas de fuego por noche o por día, a dos mil pesos los revólveres y tres mil las pistolas, según sea el calibre y si está “limpia” de antecedentes.
En tanto, una las escopetas tienen valor de tres mil y 3,500, si está “caliente” y si está “limpia” de antecedentes, oscila entre 4,500 y 5,000 pesos, según aseguraron dirigentes comunitarios que pidieron no revelar su identidad por temor a represalia.
Se supo que hasta agentes de la Policía y militares, para “ganarse unos pesos” alquilan sus armas de reglamento, con la advertencia a quien la renta, “si te agarran con ella, voy a reportar que me la quitaron en un atraco”.
En sectores de la capital y la provincia Santo Domingo, se conoce a los que se dedican alquilar o vender armas de fuego, y los residentes cuestionan que a pesar de denuncias, las autoridades se hacen de la vista gorda, “y cuando acuden a allanar, nunca ubican a las personas que se dedican a esa acción ilícita, porque los mismos policías les avisan”.
Abel Rojas y Arístides Arroyo, dirigentes comunitarios del ensanche Capotillo, atribuyen responsabilidad a las autoridades por el auge del negocio ilícito de armas de fuego.
Señalan que los altos costos en legalizar un arma de fuego conlleva a que los propietarios opten por no renovar la licencia, por que entiende deben bajar los costos para que todo el mundo ponga al día sus permisos.
Por lo costoso de una pistola o revólver, delincuentes para hacer sus fechorías, y personas de bajos ingresos con el fin de “protegerse”, optan por comprar en los barrios armas de fabricación casera conocidas como “chilenas”y “chagón”, y dirigentes comunitarios afirman que las autoridades saben quienes son los que las fabrican y no los apresan, para siempre ir a buscar dinero.
La venta y alquiler de armas de fuego ilegales se realiza en barrios de El Tamarindo, Mendoza, Villa Faro, Villa Duarte, Los Mina, Sabana Perdida, Los Palmares, Los Guarícanos, Villa Mella, Los Mameyes, ensanche Isabelita, Los Coquitos, así como en el 27 de Febrero, La Cienága, Los Guandules, Simón Bolívar, Espaillat, La Zurza, Villas Agrícolas, Capotillo, Cristo Rey, La Pared y Piedra Blanca, de Haina, San Cristóbal, El Café, El Abanico de Herrera, entre otros.
$35 y $40 mil
El presidente de una Junta de Vecinos dijo a El Nacional que una pistola ilegal se vende entre 35, 40 y 45 mil pesos, dependiendo el calibre y la marca.
“Una pistola Carandai, tiene un precio de $35 mil pesos, la Smith and Wesson, entre 35 y 40 mil pesos, y una Glock, se vende entre 50 y 60 mil pesos, dependiendo el modelo”, aseguró.
“Lo grave de esto es que muchas de esas armas de fuego ilegales se incautan a jóvenes y adultos, pero los policías que las ocupan no las reportan, y estas retornan a los barrios para comercializarlas, se las vendan a otros, donde también hay militares involucrados”, afirmó el dirigente popular Abel Rojas, de Capotillo.
Indicó que es una rutina de las patrullas policiales ocupar a menores y jóvenes de 15 y 21 años armas de fuego ilegales, y no someterlos a la justicia.
“Los llevan presos al cuartel y después los ponen en libertad cuando pagan altas suma de dinero, que van de 20, 30 y hasta 50 mil pesos, y se quedan con la pistola o el revólver para volver a venderlo en el barrio”, anotó.
Los dirigentes comunitarios afirman que en los barrios cualquier joven tiene un arma de fuego, la usa para actos delictivos o para su protección.
“Cuando tú ves en las calles que salen cuatro o cinco motocicletas de un barrio cada uno con otro atrás, puede estar seguro que todos van armados”, afirmó Rojas, dirigente popular de Capotillo.
Policía preso
Trascendió que en el destacamento de la Policía ubicado en la Josefa Brea del ensanche Luperón, hay un policía preso que durante una investigación se determinó que dio a vender su arma de reglamento a un alegado delincuente que tras ser apresado declaró que el agente se la dio a vender.
El raso, cuyo no nombre no se pudo obtener, al dar a vender su arma le advirtió al delincuente que “véndela que la voy a reportar que se me perdió o me la robaron”.
El pan de cada día
El sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, afirmó que “eso de alquilar, vender y robar es el pan nuestro de cada día”.
“En este negocio están involucradas autoridades de menor y gran escala. Aquí todo el mundo quiere andar armado, nadie quiere meterle diente a desarmar la población armada que es la que genera más violencia en el país”, observó.
Dijo que las armas no protegen sino que ponen en mayor riesgos a la persona, a las autoridades y a la población en general.
Expuso que no hace falta saber demasiado para darse cuenta del negocio ilícito de armas de fuego, “pues a nosotros que trabajamos con jóvenes nos llegan todo tipo de informaciones de cual o quienes jóvenes se dedican a atracar, quienes están armados, donde las compran y las alquilan”.
El padre Rosarios deploró que el Ministerio de Interior y Policía sólo tenga el control de las personas que registran las armas, “pero no tiene un control de todas las que están en poder de la población. Esto es una vergüenza, una lástima que en este país, además de las porquerías existentes, haya un descontrol tan grandesde las armas.
Empeoraría situación
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, remitió al Senado sus observaciones al proyecto de ley para el Control y Regulación de las armas de fuego, donde advierte que “si se aprueba como está concebido, más que resolver el problema empeoraría la situación de violencia que vive el país”.
Adujo que si el proyecto se aprueba como fue presentado ante el Senado, motivaría a la industria de la oferta de armas y municiones en el país, y pondría en una situación más riesgosa a la población.
Apreció que es necesario y fundamental reorientar la discusión sobre el proyecto de ley, a los fines de prohibir el uso de armas de fuego en la población civil, al tiempo que favoreció en el país un desarme porque la mayor tasa de criminalidad se debe al uso y abuso de las armas de fuego.
Propuso en el párrafo uno de la pieza que cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia o atraco, usando un arma ilegal, sea condenada a 40 años de prisión.
En el párrafo dos sugiere que cualquier persona física acusada de cometer robo con violencia o atraco y use un arma ilegal, y provoque heridas que causen lesión permanente le sea aplicada una pena de 30 años de prisión. Y en caso de que las heridas no causen lesión permanente recomienda se imponga al agresor la pena de 20 años de reclusión.
Ito Bisonó
El diputado reformista Víctor Bisonó, proponente del proyecto de ley para el control y regulación de las armas de fuego, al responder al cuestionamiento del procurador Domínguez Brito defendió la iniciativa alegando que cuenta con el consenso necesario, tanto a nivel nacional como con expertos y organismos internacionales.
Expuso que la actual legislación en esa materia cumplirá 50 años en octubre, siendo ya una ley obsoleta, y que el contenido de su propuesta no puede ser sorpresa, puesto que llevaba unos diez años discutiéndose, antes de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados.
Indicó que con ésta iniciativa se busca regular que se apliquen las penas más severas en el uso ilegal de armas de fuego, y las autoridades tengan un mayor control de estas.
Armas registradas
En junio del 2014, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó que tenía en sus archivos registradas 207,107 armas de fuego, cantidad que ya superan las 220 mil.
Más violentas
El MIP tiene ubicado las cinco provincias con mayor nivel de homicidios, la cual cual encabeza la provincia Santo Domingo, la mayor en cuanto a población y territorio del país. La capital dominicana ocupa el segundo lugar, luego continúan San Cristóbal, Santiago, La Romana, Higüey
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el informe anual “República Dominicana en cifras, 2012”, registró en el 2011 por homicidios, 2,516 decesos, la mayoría de estos, 1,516, por armas de fuego.
Armas ilegales
Más de 70 mil armas de fuego con licencia vencida circulan por todo el país, y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchy), ha pedido a sus propietarios a renovar sus licencias. Explicó que la República Dominicana tiene en la actualidad más de 207 mil armas de fuego registradas y que volverán a marcarlas con un nuevo software que donó la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Indicó que es un procedimiento amplio, donde cada arma tiene una identidad que permite tener mayor control y un punto de apoyo en la política criminal.
