CUBA.- Estados Unidos debe agilizar la excarcelación de los reos de la prisión en la base de Guantánamo, en el este de Cuba, cuya liberación fue autorizada, pero está pendiente, señala hoy The New York Times.
Esta medida permitiría a la administración del presidente Barack Obama rectificar una farsa legal que comenzó hace más de 13 años, cuando los primeros detenidos llegaron a la cárcel, creada bajo el mandato de George W. Bush con el propósito de evadir las restricciones constitucionales y morales estadounidenses, afirma el editorial.
En 2002 Washington inauguró dicho centro de internamiento para individuos sospechosos de terrorismo en esa instalación militar, ubicada en territorio cubano contra la voluntad del Gobierno y pueblo de la isla caribeña.
El periódico señala que Obama y sus asesores luchan con estos atolladeros políticos y burocráticos, pero el mandatario puede dar instrucciones al Departamento de Justicia para que no obstruya la liberación de los internos de bajo riesgo.
De los 116 prisioneros que quedan en la penitenciaría de Guantánamo, los abogados de una decena de ellos presentaron peticiones de hábeas corpus.
Según el rotativo neoyorquino, los jueces podrían aprobar la excarcelación sin tener que pronunciarse sobre las interioridades de cada caso o los reglamentos federales que rigen su detención, lo que podría acelerar la salida de una parte de los 52 individuos autorizados.
La promesa que hizo Obama tras iniciar su primer mandato en 2009, de cerrar la prisión de Guantánamo, fue obstruída por los legisladores republicanos, pero también por los secretarios de Defensa que ha tenido el mandatario desde entonces, incluyendo el actual, Ashton Carter, concluye el Times.
A mediados de julio, la asesora de seguridad nacional de Obama, Susan Rice, sostuvo una reunión con miembros del gabinete para analizar la forma de cerrar la penitenciaría de Guantánamo antes de que el mandatario abandone su cargo en enero de 2017.
De acuerdo con medios de prensa estadounidenses, en ese encuentro el jefe del Pentágono recibió la indicación de presentar en un plazo de 30 días nuevas propuestas de transferencias de prisioneros, pero el funcionario no se comprometió a adoptar una medida de ese tipo en una fecha determinada.
