Por Rolando Fernández
No sería muy difícil arribar a una acertada conclusión, para responder a esa pregunta, después de leer la reseña correspondiente al suceso de orden choferil acaecido en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en que lamentablemente perdió la vida uno de los llamados “control de ruta”, señor Wilfredo Fernando Morillo, con solo 29 años de edad.
En lo primero que se debe reparar es que: ni los sindicatos choferiles, como tampoco los dueños de rutas son propietarios de ninguna calle, avenida, o esquina correspondiente, dentro del territorio nacional, para prohibirle el tránsito a nadie que se mueva en otro vehículo, de su propiedad o no, que paga una chapa para circular, y los demás impuestos aplicables; como, que monte y desmonte personas en cualquier lugar de las vías públicas. Esas son atribuciones originadas en la falta de autoridad y respeto en que vive la sociedad dominicana.
Solamente en una selva de cemento como ésta, se pueden verificar acontecimientos tal ese ocurrido en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, con precedentes similares en otros puntos de la geografía nacional.
Da más que asco y vergüenza, ver a diario aquel desorden que se produce en el lugar de la ocurrencia ahora, con todo ese “perruaje” choferil disputándose los pasajeros que necesitan trasladarse a otros sitios, y el concurso del “tigueraje” armado que opera en el área, dizque “controles de ruta”, armados de machete, palos y tubos para amedrentar, y usarlos si es necesario, ultrajando a los conductores no afiliados, como a los pasajeros que puedan transportar.
Y, todo se lleva a efecto ante la mirada indiferente de las autoridades allí apostadas, mujeres de la AMET en la mayoría de los casos, que jamás pueden ponerles el frente a todo aquel bandidaje choferil, compuesto en su mayoría por tigueres malcriados e irrespetuosos.
Ahora, el asunto se torna más interesante cuando uno se entera del gran negociado que representa la actividad del transporte público en este país, para los que no transportan a nadie obviamente: los sindicatos y los dueños de rutas.
Muy importantes se tornan al respecto, las declaraciones que ofreciera el chofer Alejandro González, quien no está afiliado a ningún sindicato: “Casi todos los sindicatos urbanos, como Fenatrano, Unatrafin y otros, tienen turbas pagadas para agredir a choferes que conchan en las calles libres para ganarse la vida”. ¿Y que hacen las autoridades? ¿No se puede someter esa gente al imperio de las leyes relativas vigentes?
Pero además, se habla en el reporte periodístico del negociazo que envuelve el ejercicio, en cuanto a los resultados de una investigación realizada, y que arrojó que, “para trabajar en algunas avenidas hay que pagar al sindicato que opera de RD$300 mil a RD$700 mil de inscripción, y luego pagar una cuota semanal o mensual al dueño de dicha ruta”. ¡Ay mamacita! (Véase “Diario Libre”, del 12-8-15, página 18).
La verdad es que, meditando sobre eso sosegadamente, pocos son los hechos sangrientos que ha habido, por desavenencias entre esos empresarios, y sus serviles, entre otras cosas; asesinatos directos a choferes y personas relacionadas con el sector; como, el modus operandi de los “guardianes en las paradas de cada ruta”, sus bravuconerías y osadías desagradables. ¡Cada uno defiende su parte del negocio, a costa de lo que sea, en esta selva sin control!
A eso van a tener que poner coto las autoridades del país, para evitar males mayores a los ya ocurrido. Esa es una situación muy peligrosa, que innegablemente se les ha ido de las manos a los organismos competentes. ¡Se han hecho los locos!
La opinión generalizada es, que todas esas rutas deben ser despersonalizadas y oficializadas; que el control absoluto de las mismas lo tenga la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).
Que cada cual pueda ejercer como transportista publico, siempre y cuando se ajuste por completo a las normativas vigentes, como las que se dispongan en el futuro, amén de que el vehículo a utilizar reúna las condiciones necesarias. Ese servicio, tan imprescindible y delicado, por los riesgos que envuelve, no puede ser de la exclusividad de personas o grupos algunos. ¡No!
Pero además, y en el orden del caso tratado, hay algo que llama poderosamente la atención: el victimario directo envuelto en el suceso lo fue el sargento del Ejército de la República Dominicana (ERD), señor Rubén Vásquez, que se dijo, estaba haciendo las veces del transportista en un carro de su propiedad.
¡Él no ha sido el único! Tampoco el primero, que se ha visto obligado a compartir su disciplina oficial, con una actividad muy diferente, impulsado de seguro, por las precariedades económicas que acosan a nuestros militares y policías.
Para nadie es un secreto, que tal situación obedece a los salarios de miseria que reciben los mismos, que no les permiten la satisfacción de las necesidades de sus familias, como las propias, teniendo que buscar dineros adicionales, sin importar los riesgos probables en los que tengan que incurrir.
Y eso, es algo sobre lo que también deben reflexionar sus jefes inmediatos, como las autoridades mismas del Gobierno, fijándose en ese hecho penoso acaecido, que a tan difícil situación legal ha llevado al sargento Rubén Vásquez.
Nuestros guardias y policías no pueden vivir con los pocos cheles que reciben como salarios, teniendo que exponer sus vidas, y proteger en este país, a tantos adinerados, empresarios y políticos, que los miran por encima de los hombros; que los desprecian por su bajo nivel social.
Entonces, es muy fácil deducir a partir de lo todo lo expresado, a quién en realidad cargarle ese muerto del kilómetro 9 de la autopista Duarte.
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