DESTACA QUE VEEDURÍAS SON DECORATIVAS A LAS QUE FUNCIONARIOS NO HACEN CASO
SOLICITA INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL INABIE POR LA DIRECCIÓN DE COMPRAS, CONTRALORÍA Y CÁMARA DE CUENTAS
Santo Domingo de Guzmán, RD.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, acusó este martes al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, de pretender que la Comisión de Veeduría instalada en esa entidad actué como un sello gomigrafo para refrendar sus actuaciones, al negarse a entregar las documentaciones que deben ser de conocimiento de los comisionados consistente en compras, suplidores, intoxicaciones, sobre todo ante la sospecha de que hay suplidores que no obstante no cumplir con las exigencias del organismo, llevan años siendo incluidos como oferentes, motivos por los cuales la pasada semana, Cinco de los siete miembros de la Comisión de Veeduría, renunciaron a su función como “veedores” de esa entidad tras alegar en una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que “no son tomados en serio”.
Los miembros del INABIE manifestaron en la misiva, enviada el 7 de este mes al ministro Gustavo Montalvo, que ya habían advertido que la existencia de la Comisión estaba amenazada por la ausencia de información oportuna; “Con frustración y pesar, le comunicamos nuestra decisión de renunciar a la responsabilidad que usted puso en nuestras manos, designándonos como veedores del INABIE, una función gratuita desempeñada con esmero y dedicación por la mayoría de sus nosotros”, manifestaron la periodista Ana Mitila Lora, los empresarios Ramón P. Báez y Flavio Rodríguez Méndez, así como los representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, Frank de la Cruz, y Johnnie Martínez, respectivamente.
La coordinadora de la Comisión, Ana Mitila Lora, los miembros citados se quejan de que llevan más de un año requiriendo del INABIE actualizar su portal con informaciones básicas que garanticen la transparencia de sus actividades y no reciben respuestas; Asimismo, criticaron que tienen más de un mes esperando explicaciones sobre algunas intoxicaciones ocurridas en escuelas del interior del país y las justificaciones de por qué se contratan suplidores por tres años consecutivos que no reúnen las más mínimas condiciones para serlo, pese a la existencia de requisitos para los aspirantes; “No somos auditores, ni expertos en tecnologías de alimentos, por más que nos hemos esforzado en comprender y darle seguimiento a los procesos de compras, contrataciones, intoxicaciones, etc., pero la ausencia de informaciones de parte del INABIE dificulta nuestra responsabilidad como veedores”, resaltaron en su misiva. Terminaron diciendo los renunciantes.
El Coordinador General de ADOCCO, señalo que las veedurías establecidas por el gobierno como mecanismo de transparencia, no han sido más que elementos decorativos, en vista de que los funcionarios de las instituciones donde las mismas fueron instaladas no le responden sus requerimientos de documentaciones donde se puedan verificar los procesos que en las mismas se producen, mas aun con las disposiciones del decreto 183-15, que en su artículo 25, prohíbe terminantemente que los veedores informen a la opinión pública lo que ocurre en las instituciones observadas, limitando así el proceso de rendición de cuentas, constituyendo el decreto una violación de los derechos a la información y a la expresión del pensamiento, ambos amparados por la constitución de la república.
Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, solicitó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, para que el proceso de compras del INABIE, se ajuste a los requerimientos de transparencia, ya que los funcionarios ante las denuncias de corrupción en las instituciones públicas, los incumbentes, se defienden con el ardid de que los procesos cuestionados contaron con la participación de las “Comisiones de Veedurías”, constituyendo tales aseveraciones un salvoconducto para las irregularidades que en las mismas se cometen y que hemos venido denunciando de manera reiteradas, sin que ni la Contraloría y el Ministerio Publico, hayan asumido su responsabilidad constitucional», terminó diciendo el vocero de la entidad de la sociedad civil.
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