Por Juan Bolívar Díaz
El desbordamiento de la publicidad política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno y su financiamiento de una red nacional de medios y comunicadores, es una de las explicaciones de las altas preferencias electorales que le arrojan las encuestas, en contraste con graves insatisfacciones en ellas mismas expresadas.
Todas las encuestas han dado a Danilo Medina en camino a reelegirse en primera vuelta, pero él y su grupo partidario quieren ratificar el control total de los tres poderes del Estado. Por eso no se conforman con menos del 60 por ciento del voto, para liquidar definitivamente a Leonel Fernández y prolongar el nuevo liderazgo mesiánico.
Felices con la Gallup-HOY. Esta vez cuatro ministros del Gobierno no salieron en rueda de prensa para impugnar los resultados de la encuesta Gallup-HOY, y pedir explicaciones, como hicieron con la anterior, publicada en la primera semana de febrero.
El 51.8 a 35.7 por ciento, diferencia de 16 puntos, de Danilo Medina-Luis Abinader que marcó aquella no era suficiente. Querían a su candidato sobre el 60 por ciento, y lo consiguieron con tres décimos adicionales, frente a un opositor que retrocedía 5 puntos.
La única explicación visible es que esta encuesta se hizo en la misma semana en que Medina pronunció su triunfal discurso reeleccionista que pretendió ser de rendición de las cuentas gubernamentales del año pasado. Y disfrutó del enorme privilegio de monopolizar todas las frecuencias de radio y televisión a nivel nacional y medios digitales de la Internet.
El nivel de propaganda que mantienen el PLD y su Gobierno, con tantas otras ventajas adicionales, ya no se explica solo en querer ratificar todo el control del Estado, sino en hacerlo de forma apabullante, para reducir más la oposición y aplastar definitivamente al expresidente Leonel Fernández, a quien le están diciendo que no lo necesitan en la campaña, y lograr así un predominio de largo plazo del presidente Medina.
Ya estrategas del danilismo dicen abiertamente que no correrán el riesgo de que un “Leonel vengativo”, pueda volver al poder, y que el único que garantizaría que no ocurra es Medina, y que ya saben modificar la Constitución sin costo político.
Monopolio de la publicidad. Que Abinader cayera en cinco puntos y Guillermo Moreno bajara del 4.3 al 3.5, y que Minou Tavárez apenas marque el 1.3 por ciento, con otros cinco candidatos sin registro, no debería sorprender a la luz del monitoreo a la publicidad política de febrero en prensa, radio y televisión, que acaba de publicar el movimiento Participación Ciudadana (PC), según el cual el PLD gastó el 79.3 por ciento del total, y con sus aliados el 81.5 por ciento, seguido del Partido Revolucionario Moderno y aliados con el 17.8 por ciento. Si es extrema la diferencia
entre los dos primeros, es terriblemente antidemocrático que los otros siete partidos con candidaturas presidenciales, apenas dispusieran del 0.7 por ciento de la publicidad. Con esas cifras no se puede hablar de competencia electoral.
Es relevante que del total de la publicidad de febrero en los medios masivos, ascendente a 453 millones 339 mil pesos, el PLD invirtiera 369 millones, equivalente al 86 por ciento de los 429 millones 356 mil pesos que recibirá del Presupuesto General del Estado para todo el año. Con razón se oponen a una legislación que transparente el origen del dinero que gastan los partidos, como ocurre en casi todo el mundo democrático.
Explica las inconsistencias. Esa inmensa maquinaria publicitaria y propagandística, capaz de convertir al exalcalde de Nueva York Rudolph Guilliani en un impostor y delincuente, porque lo contrató Abinader como asesor en seguridad ciudadana, y que reduce a “una pendejaita” la prisión en Brasil del asesor de la campaña electoral del presidente Medina, Joao Santana, y que oculta las revelaciones sobre soborno de millones de dólares en la compra de los aviones Tucano, podría ser una de las explicaciones de las inconsistencias que siguen arrojando las encuestas.
Por ejemplo, la misma Gallup-HOY que otorga un 60 por ciento de preferencias electorales a la reelección, establece que el 61 por ciento de los propios encuestados cree que su situación económica es mala o muy mala, con solo 16 por ciento que la percibe buena o muy buena.
Hay todavía mayores inconsistencias: el 81 por ciento cree que la nación precisa de un cambio político en los próximos años, para el 35 por ciento de ellos muy grande o revolucionario. El 85 por ciento cree que la corrupción es un problema nacional grave o muy grave, y el 75 por ciento señala la delincuencia e inseguridad ciudadana como principal problema nacional, seguido del costo de la vida, escasez de fuentes de trabajo, apagones y corrupción.
Si el poder de la propagada es reconocido universalmente, nadie debería sorprenderse del nivel de aprobación de un presidente con ese nivel de inversión publicitaria y que enuncia logros y manipula cifras durante hora y media monopolizando todo el sistema nacional de radio y televisión.
Es contra todo el Estado. Tal como proclamó Danilo Medina cuando lo derrotó Leonel Fernández en las primarias para la candidatura presidencial del 2008, es todo el Estado que está venciendo.
Todavía en la campaña del 2012 que lo llevó al poder, al proclamar “sus convicciones democráticas”, Medina sostuvo que la institucionalidad nacional necesitaría 20 años para soportar un proceso reeleccionista, “porque los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios”.
La abultada nómina pública y las nominillas suman más de 700 mil personas, y más de 2 millones 200 mil tienen tarjetas para acceder a subsidios que solo mitigan la pobreza, constituyéndose en una inmensa base clientelar. Cada senador, además de los barrilitos, suspendidos por dos meses, tiene veinte empleados a su servicio, una inmensa ventaja frente a sus retadores de la oposición.
Pero además, las candidaturas del PLD cuentan con el beneficio de los órganos judiciales: El Tribunal Superior Electoral llegó al extremo de tratar de imponerle un candidato a la alcaldía capitalina al principal partido opositor, y la Procuraduría General inició acciones judiciales contra su candidato a senador por San Cristóbal el mismo día en que fue inscrito, desenterrando una investigación del 2013 sobre acusaciones de manejo irregular de fondos en la Federación de Fútbol.
Es contra todo el Estado que lucha lo que el PLD dejó de oposición, después de tragarse golosamente a gran parte del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano. Y se los tragó con los recursos públicos, los mismos con los que ha comprado todo lo que ha podido mercantilizar de la sociedad dominicana.
