SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- La inseguridad ciudadana, las relaciones con Haití y aspectos económicos como alcanzar un acuerdo fiscal, mantener el crecimiento y reducir la desigualdad serán las prioridades en la agenda del presidente que resulte elegido el próximo 15 de mayo.
Los cimientos de la democracia en República Dominicana se han robustecido en los últimos años, por lo que hoy parecen lejanos los tiempos en que la amenaza de una asonada militar o la vulneración del voto causaban desasosiego en los ciudadanos y ahuyentaban la inversión extranjera.
En un clima de libertades individuales y estabilidad política, el país caribeño ha logrado el mayor crecimiento económico de la región, apuntalado por los generosos ingresos del turismo, las exportaciones de zonas francas y las remesas de los dominicanos en el exterior, que han posibilitado grandes inversiones en infraestructuras por parte del Gobierno.
Esas inversiones se han ejecutado bajo un marco de reducción del déficit presupuestario, una baja inflación, incentivos al sector privado y un buen manejo de la tasa de cambio, a decir de economistas locales.
Sin embargo, otras voces critican el endeudamiento público, los bajos salarios y la expansión de la economía informal, que de acuerdo a cifras oficiales ronda el 50 por ciento del sector.
Una de las prioridades del presidente dominicano y aspirante a la reelección, Danilo Medina, si continúa en el poder, será convocar a un pacto que impulse una revisión integral de las exenciones fiscales, para ‘reenfocarlas’ hacia actividades más productivas, al adelantar que tomará medidas que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo a datos de organismos internacionales, la presión tributaria en República Dominicana es algo más del 14 por ciento, una de las más bajas de la región.
El sector eléctrico, el talón de Aquiles de la economía dominicana, será otro tema destacado del próximo cuatrienio, aunque de hecho ya se debate un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios, los trabajadores y el sector social.
En este punto, Medina, y su principal contendiente, el opositor Luis Abinader, coinciden en que se hace necesaria la eliminación de los «subsidios indiscriminados» en el sector, aunque se pretende mantener, previa revisión, el «bono-luz» que beneficia a las clases más desposeídas del país.
Ese «pacto eléctrico» conllevaría la búsqueda de soluciones a las pérdidas millonarias anuales de las distribuidoras estatales de electricidad, la instalación de fuentes de energía limpia y mejores incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que utilicen energía solar y eólica.
En paralelo, el Gobierno de Medina construye dos plantas de carbón de 360 megavatios cada una, con las que espera conjurar de una vez por todas el déficit de producción y abaratar los precios del servicio.
La inversión estatal de casi 2.000 millones de dólares y la licitación previa, que ganó la brasileña Odebrecht, han sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores locales, que acusan al Gobierno de supuesta corrupción en el proceso.
La inseguridad ciudadana ha sido otro asunto muy presente en la campaña electoral dominicana, pues la oposición ha sacado filo a la alegada incapacidad oficial para enfrentarse a la delincuencia común, cuya intrepidez ha puesto en aprietos a los organismos de seguridad.
El aumento de los atracos y asaltos ha causado una preocupación generalizada entre los dominicanos, que exigen más firmeza.
Tanto Medina como Abinader, y los otros seis candidatos, han destacado que combatirán la delincuencia con todos los medios a su alcance, incluyendo una «profunda reforma» de la cuestionada Policía Nacional.
Las tradicionalmente conflictivas relaciones con el fronterizo Haití también serán prioritarias para las próximas autoridades dominicanas, que no han conseguido establecer contactos duraderos con un país en constantes sobresaltos debido a su inestabilidad política y precaria economía.
Haití, el segundo socio comercial de República Dominicana, es un «dolor de cabeza» en las relaciones internacionales locales, ya que históricamente las diferencias con este vecino han estado marcadas por conflictos migratorios, económicos y territoriales.
En República Dominicana residen miles de haitianos, en su mayoría en condición irregular, lo que causa presión en el país y es fuente de continuas fricciones entre ambos estados.
El Gobierno dominicano impulsó recientemente un plan de regularización de extranjeros y una ley de nacionalización con el propósito de ir dando salida a migración irregular.
