Por Juan Cruz Triffolio
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, acaba de formular una arriesgada y no menos alarmante denuncia en torno a la realidad en que actualmente subsisten los presos recluidos en la Penitenciaría Nacional La Victoria, ubicada a corta distancia de la capital dominicana.
Lo expresado por el señor Mercedes, al margen de ser cierto o no, es algo similar a cuando en nuestros campos se hace alusión a un auténtico ciclón batatero.
Asegurar que en el centro carcelario en referencia sus autoridades perciben 12 millones de pesos al mes por concepto de «macuteo» entre los presos, es una acusación para de inmediato dar inicio a una investigación exhaustiva que genere conclusiones precisas, claras y convincentes, acompañadas de los correctivos pertinentes.
Pregonar que los presos en la cárcel de La Victoria pagan tres millones de pesos semanales por concepto de alojamiento en celdas, comidas, bebidas y uso de los sanitarios, entre otros «beneficios», lo que es igual a doce millones mensual y 144 millones anual, es una aseveración que en cualquier país del mundo, no importa su grado de desarrollo o civilización, obliga a movilizar de inmediato los resortes necesarios para mostrar de manera contundente y creíble, ante la opinión pública nacional, lo que realmente está sucediendo.
Lo enunciado por el señor Manuel María Mercedes no puede pasar desapercibido o como sinónimo de una indelicada o graciosa denuncia sin la menor trascendencia en la sociedad dominicana.
Eso sería, sin hiperbolización alguna, un inconducta social poco edificante y ejemplarizante para las presentes y venideras generaciones de dominicanos.
Por su naturaleza y el rol social que envuelve a quien formula la supuesta o real manifestación de corrupción en una de las principales cárceles de República Dominicana, el simple enunciado exige de una pronta respuesta persuasiva de parte de los diversos representativos de la vida nacional, luego de realizarse las investigaciones oportunas en donde, para imprimirles una mayor credibilidad a sus conclusiones, no deben ser excluidos, como actores importantes y valiosos, representativos de prestigiosas instituciones del país, sin olvidar a prominentes manejadores de algunos de los medios de comunicación audiovisual.
Tan relevante responsabilidad constituiría un valioso aporte al proceso de profilaxis ético moral que exige nuestra sociedad y que, conforme a lo que se colige de lo afirmado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, luce no ser difícil de materializar.
Vale recordar que el señor Mercedes, al tiempo de reflejar preocupación por el destino del monto que produce el supuesto o real «macuteo», es sumamente categórico cuando argumenta que «..la investigación lo determinó y nosotros estamos esperando que el Procurador actúe y si el Procurador no actúa, nosotros vamos a señalar los nombres de dónde va a parar ese dinero y quiénes son los responsables, y quiénes son los responsables del establecimiento de esas tarifas”.
Por el momento, no más palabras, magistrado..!!
Vendrán las reacciones..?
Esperemos pues…
