SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Una delegación del Ministerio Público visitó el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para avalar pruebas del caso Tucano, en el que según un informe publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, están implicados 11 dominicanos.
Así lo reveló ayer el procurador general, Jean Alain Rodríguez, quien dijo que el interés del Ministerio Público es fortalecer la investigación del caso, para “lograr sustentar un buen expediente acusatorio que no deje cabos sueltos” y que el mismo pueda concluir conforme a la ley y la justicia.
Dijo que tras las medidas de coerción dictadas contra cuatro de los implicados inmediatos en el caso, han practicado interrogatorios y entrevistas a varias personas, no necesariamente vinculadas al proceso, así como allanamientos, que “han arrojado datos importantes”. Se abstuvo de revelar la identidad de esas personas para no contaminar la investigación.
Los cuatro sometidos son el exsecretario de las Fuerzas Armadas, general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández.
El segundo guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo, y los demás están bajo arresto domiciliario.
No aceptará presiones.
El procurador dijo que recientemente envió a Miami una delegación del Ministerio Público que sostuvo reuniones de trabajo con el FBI, con el propósito de avalar pruebas y fortalecer la investigación.
“Quiero reiterar, que estamos trabajando de manera seria y responsable, que no vamos a permitir en este caso ni ningún otro que nos toque enfrentar desde la Procuraduría General de la República, presiones de ninguna índole que busquen retorcer el avance del mismo y mucho menos torpedear el debido proceso, buscando quizás provocar declaraciones que pudieran poner en riesgo no sólo el avance investigativo, sino, el desarrollo procesal del caso” subrayó.
Investigación en Brasil. La investigación criminal llevado sobre el caso Tucano y remitida a la procuraduría general, revela “una corrupción pasiva y lavado de dinero” por parte de Piccini Núñez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como coronel técnico de aviación.
Las autoridades brasileñas dijeron tener un informe confidencial de Estados Unidos, con pruebas, pero que no podían facilitarlo a menos que la procuraduría de aquí lo solicitara a través de ellos.
Fue ese el informe que el procurador Rodríguez informó ya poseer.
