SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Las informaciones de que Perú llegó a un acuerdo con la Constructora Odebrecht, que le pagará unos US$8.9 millones como indemnización por los sobornos en ese país, mueve a algunos juristas a sugerir que República Dominicana pueda llegar a acuerdos extrajudiciales similares, ante la encrucijada que se le presenta al Gobierno de Danilo Medina de demandar a una empresa con la que tiene contratos millonarios para la ejecución de obras.
Según las informaciones reveladas por el Departamento de Justicia de Estado Unidos, Odebrecht habría distribuido US$92 millones como soborno para conseguir sus contratos en el país, donde ha sido beneficiaria de unas 16 obras de infraestructura.
Pese al conflicto legal que enfrenta en Brasil desde el 2014 por el tema del pago de sobornos, la empresa ha mantenido la ejecución de varias obras, incluidas las plantas a carbón de Punta Catalina, que conlleva una inversión de alrededor de US$2,000 millones y que, según el Gobierno, está avanzada en más del 70% y sin retrasos.
El gobierno de Danilo Medina tiene ahora que decidir entre una demanda judicial contra la empresa por los supuestos sobornos, o continuar las relaciones contractuales con ese gigante de la construcción en Latinoamérica.
El abogado Cándido Simón Polanco considera que el tema no es tan sencillo, y que cualquier acción judicial que se encamine tiene que enfocarse en los funcionarios dominicanos que engañaron al Estado al cobrar los supuestos sobornos.
“Por el principio de continuidad del Estado, esos funcionarios fueron los que estafaron a la empresa. Ahora, cuando ella ya sabe la situación y continúa, entonces se convierte en cómplice de ello”, explica.
Pero el jurista advierte que eso no supone que el Estado pueda romper los contratos con la constructora, pese a las presiones sociales que se presenten en ese sentido, pues, ello implica recurrir al arbitraje internacional, donde las posibilidades de éxito son cuestionadas, ya que se demandaría a una empresa que, hasta ahora, ha cumplido con sus ejecutorias de obras y plazos.
Simón Polanco insiste en que es conveniente llegar a un acuerdo extrajudicial con Odebrecht en el que, como hizo en Estados Unidos, la empresa acepte devolver el dinero que perdió el Estado por el soborno, y le colabore a la Justicia con los nombres de los funcionarios que aceptaron las dádivas, para que el caso no quede en impunidad.
Hasta el momento, las movidas públicas de la Justicia dominicana han sido lentas. Para esta semana se citó en la Procuraduría a Marcelo Hofke, gerente de operaciones de Odebrecht en el país, según informó hace unos días el procurador Jean Alain Rodríguez. Mientras crecen las expectativas en torno a las declaraciones que ofrezca el pasado presidente de Odebrecht en República Dominicana, Marco Vasconcelos Cruz, uno de los delatores que contribuyen con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que estaría en condiciones de revelar datos relativos a las dádivas en América Latina y el Caribe.
La cita al ejecutivo es la primera acción pública que encaminan las autoridades dominicanas para investigar el accionar de Odebrecht en el país, pese a que el grupo fue acusado desde hace más de dos años en Brasil de tener una estructura corrupta de pagos a políticos y funcionarios.
En marzo del año pasado, investigadores de la operación Lava Jato, como se conoce al caso, revelaron a este diario que tenían hechos que vinculaban las operaciones de la empresa Odebrecht en el país. Con anterioridad, en febrero del 2016, los asesores en comunicación del presidente Medina, Joao Santana y Mónica Moura regresaron a Brasil, donde fueron apresados por sus vínculos al pago de sobornos de parte de Odebrecht.
Sin embargo, apenas el mes pasado la Procuraduría solicitó informaciones a Brasil relativas al caso, según informaciones reveladas un medio de prensa del país.
