SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El presidente de la Alianza por la Democracia, Max Puig, planteó que el Gobierno tiene la facultad de exigir a la empresa Odebrecht el pago al Estado dominicano el doble de los 92 millones de dólares que esa empresa confesó haber pagado como sobornos en el país, es decir, 184 millones de dólares.
Aparte de esa suma Odebrecht está obligada a entregar al Estado los 163 millones de dólares que confesó haber obtenido como ganancias ilícitas como resultado de los pagos ilegales hechos a altos funcionados dominicanos con los que actuaron en complicidad.
Esto significa, al entender de Puig, que la empresa está obligada a transferir al Estado dominicano, de inmediato, la suma de 347 millones de dólares. Según el presidente de la APD esta suma debe ser entregada, sin desmedro de otras reclamaciones, ya que las sobrevaluaciones realizadas por la constructora brasileña sobrepasan ampliamente las sumas reconocidas por esta empresa en su delación pactada con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
El sociólogo y dirigente político enfatizó que deben realizarse auditorías técnicas y financieras de todas las obras construidas por Odebrecht en el país, ya que solamente en el caso de las plantas de carbón de Punta Catalina la sobrevaluación supera los 500 millones de dólares.
Al ser cuestionado sobre su participación en la “marcha por el fin de la impunidad”, que tendrá lugar el domingo 22, el presidente de la APD respondió que es su deber, como ciudadano responsable, estar allí después de haber estado investigando y denunciando el caso de las plantas de carbón de Punta Catalina, las que calificó como un grave error ambiental y una gran estafa económica.
“El caso de la República Dominicana es único dentro del marco de los actos de corrupción cometidos por Odebrecht, ya que este es el único en el que el jefe de Estado del país implicado aparece como compromisario directo de un acto de corrupción, en su condición de presidente de la CDEEE, empresa pública puesta directamente en tela de juicio a través del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina”, señaló Max Puig.
El dirigente político resaltó, además, que el procedimiento de investigación utilizado por la Procuraduría General de la República favorece a los implicados en la trama corrupta. A juicio de Puig, se inició el proceso de investigación por el final, “se quiso poner el techo antes de echar la zapata”, dijo.
