Por
NUEVA YORK — Cuando los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a un nuevo presidente el 19 de febrero podrán optar entre Lenin Moreno —quien fue vicepresidente del actual mandatario, Rafael Correa— y otros siete candidatos de diferentes corrientes políticas.
Los votantes no solo deberían preguntarse quién quieren que gobierne su país, sino cómo desean ser gobernados.
El gobierno de Correa ha dictado diversas normas que le otorgan amplias facultades para castigar a sus críticos y limitar el debate público de sus políticas.
El próximo presidente tendrá la oportunidad de revertir estas políticas o seguir usándolas en detrimento de la debilitada democracia ecuatoriana. Cada uno de los ocho candidatos debería definir claramente su posición sobre esta materia.
Una de las medidas más problemáticas es un decreto presidencial de 2013 que faculta al gobierno a clausurar organizaciones no gubernamentales cuando determine que se han “desviado de los fines y objetivos para los cuales fue[ron] constituida[s]” o “afecten la paz pública”.
El gobierno de Correa ha usado este decreto para perseguir al movimiento ambientalista. En 2013, clausuró la Fundación Pachamama, una de las más importantes organizaciones ambientalistas, con el argumento de que varios de sus miembros habían participado en una manifestación contra la extracción petrolera en la región amazónica, durante la cual un indígena —que no pertenecía a la organización— golpeó a un diplomático extranjero en la cabeza.
El mes pasado, el Ministerio del Interior de Ecuador intentó clausurar otra organización ambiental, Acción Ecológica, argumentando que sus publicaciones en redes sociales sobre un proyecto minero habrían promovido actos de violencia. En diciembre pasado hubo enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad indígena shuar, en los cuales murió un policía y otros siete resultaron heridos.
Sin embargo, el informe de las autoridades que recomendaron el cierre de Acción Ecológica no presentó pruebas de que la organización hubiera fomentado o participado en hechos de violencia. Gracias al repudio internacional, expresado incluso por expertos de la ONU, el Ministerio del Ambiente se vio obligado a abandonar la iniciativa.
El gobierno también ha empleado el decreto contra otros sectores de la sociedad civil. Fundamedios, organización dedicada a promover la libertad de expresión, estuvo a punto de ser cerrada en 2015. La Secretaría de Comunicación inició un proceso administrativo para disolverla, alegando que había participado en actividades “políticas” al publicar mensajes de Twitter con enlaces a blogs y artículos en los cuales se criticaba al gobierno.
Luego de una fuerte reacción internacional, Fundamedios pudo seguir funcionando. Pero incluso cuando estos casos no concluyen con el cierre de la organización, permanece la amenaza latente de una clausura arbitraria por parte del gobierno.
El decreto que permite estos cierres no es la única arma en el arsenal del gobierno. La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 le otorga amplias facultades para regular y censurar a medios de comunicación, incluyendo castigarlos si transmiten información que los funcionarios consideren incompleta, imprecisa o que afecta su reputación.
La disposición más orwelliana de la ley es la prohibición de la “censura”, que impone sanciones contra aquellos medios que no difunden temas que el gobierno considere de interés público. En decenas de casos, el organismo regulatorio establecido por la ley de 2013 ha ordenado que medios y periodistas “corrijan” o se retracten de noticias, artículos de opinión y caricaturas, u ofrezcan una disculpa pública.
Afortunadamente, Correa no ha logrado acallar el debate político en Ecuador. Pero sí ha impactado en los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil, que continuamente deben ponderar el riesgo de eventuales represalias por parte de un gobierno que está dispuesto a castigar a sus críticos y, gracias a las medidas aprobadas durante su presidencia, tiene cómo hacerlo.
Esta vez, Correa no es candidato en las elecciones presidenciales debido a los límites constitucionales diseñados para impedir la entronización de los autócratas. Sin embargo, gracias a una reforma constitucional reciente —impulsada por el propio Correa—, los próximos presidentes podrán reelegirse indefinidamente, incluido Correa si vuelve a postularse en el futuro.
La democracia ecuatoriana necesita distanciarse urgentemente del caudillismo garantizando una alternancia genuina en el ejercicio del poder. Y no solo eso: también requiere de un presidente que se comprometa a respetar los límites del Estado de derecho y asegurar el más amplio ejercicio de las libertades públicas para que los ecuatorianos puedan expresar sus opiniones sin miedo.
- Daniel Wilkinson es director adjunto de la división de las Américas de Human Rights Watch.
