POR RAFAEL SANTOS
SALCEDO, RD.- El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) se mostró complacido con las medidas de coerción dictada en el día de ayer por el Magistrado de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco, aunque considera que las investigaciones deben de profundizarse a otros niveles y abrir otros capítulos para que sean juzgado más personas que pudieran haber cometido actos de corrupción en contra del estado dominicano.
La aseveración la hizo el vocero nacional del movimiento popular, Grabiel Sánchez, quien manifestó además que la medida impuesta contra el implicado Ángel Rondón, se debe de estudiar y trasladársele a otra cárcel de mayor seguridad ya que hasta donde lo enviaron cualquier cosa pudiera pasarle y esto sería lamentable para el caso que se investiga.
Dijo, que a Rondón debió recluírsele en Najayo en donde si pudieran existir las garantías correspondientes para incluso evitar cualquier incidente que en lo adelante dijo, pudiera pasarle.
“Nosotros somos de ideas de que con estas decisiones del Magistrado Ortega, en el país se crea un precedente que muy bien pudiera ser catalogado como un respiro para la justicia dominicana y con este caso cuando se vaya a juicio de fondo, entendemos que se presenta la oportunidad para que el país pueda volver a confiar en la misma, con relación a donde mandaron a Rondón somos de opinión, que al mismo no se le debió enviársele a La Victoria, más bien debió enviársele a Najayo, pues allí no existen los más mínimos dispositivo de seguridad que el implicado y el caso amerita”, dijo el Falpo a través de su vocero nacional.
Sin embargo, este consideró, que el gobierno dominicano debe cuanto antes suspender cualquier tipo de operación en el país de la empresa Odebrecht, por considerar que la misma está siendo objeto de serios y fuertes cuestionamientos en donde está involucrado el patrimonio nacional.
Precisó que tanto la planta Punta Catalina como las demás obras que están siendo construida por la multinacional brasileña, deben ser suspendida desde ya y llamó al Presidente Danilo Medina para que tome el control de las mismas y sobre todo, la profundización de todas las obras en donde esta empresa ha tenido incidencia, por considerar que el amplio expediente de corrupción que se ha denunciado debe de ser manejado con transparencia para beneficio de todo el pueblo dominicano.
De acuerdo a las medidas que dispuso el Magistrado Ortega, el empresario Angel ira por un año a la cárcel La Victoria durante un año, mientras que el ex ministro de obras publicas, del gobernó del ex presidente Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa, y Conrado Pittaluga cumplirán prisión preventiva de nueve meses en la cárcel preventiva de Najayo, San Cristóbal.
Otros que iran a este mismo lugar son, Temístocles Montás, Andrés Bautista y el ex diputado Ruddy González, durante seis meses y el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez y Máximo de Oleo Ramírez, durante tres meses.
El Juez dispuso la prisión domiciliaria durante nueve meses del también ex vicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura y del ex director del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Juan Roberto Rodriguez.
De igual manera se les impusieron fianzas de cinco millones como garantía económica e impedimento de salida del país a Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, senadores de San Cristóbal y Santiago de los Caballeros, y diputado del Distrito Nacional, respectivamente.
