SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- Las cuentas bancarias de todos los encartados en el escandaloso caso de los sobornos de Odebrecht, que suman 14 personas, fueron congeladas en el sistema financiero nacional con sentencia emitida por el Juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega, a solicitud de la Procuraduría General de la República.
Una fuente cercana a la investigación judicial confirmó a El Nuevo Diario que las empresas de todos los imputados incluidas aquellas vinculadas a Ángel Rondón Rijo, principal imputado de este caso de corrupción, también fueron congeladas.
Sin embargo, la fuente explicó que no obstante lo anterior, el Ministerio Público ha permitido que en esta primera fase de la investigación algunas de esas empresas vinculadas a los imputados sigan operando porque en ellas laboran cientos de empleados.
Durante el desarrollo de los procesos judiciales ha sido habitual que en una primera etapa de la investigación las empresas vinculadas a los imputados por estos temas sigan operando hasta tanto las indagatorias avanzan, en virtud de que ello constituye una forma de preservar el activo de las compañías.
En el caso Odebrecht y las empresas relacionadas con todos los imputados, incluyendo las vinculadas a Ángel Rondón, el Ministerio Público dispuso el congelamiento de las cuentas con la autorización judicial antes de proceder con la solicitud de la imposición de las medidas de coerción, para impedir la movilización de sumas millonarias de manera directa a través de sus relacionados.
Conforme se ha establecido, entre otros, el imputado Rondón constituyó un entramado societario con la colaboración de relacionados, a través de las aproximadamente 40 empresas, cuyas cuentas permanecen congeladas junto a bienes calculados en millones de pesos.
Entre esas compañías de Rondón se encuentran Consultores & Contratista CONANSA S.R.L, Roymar Ganadera C. por A., Roymar S.R.L, AAA Dominicana S.A., Lácteos La Hacienda S.R.L., Hacienda Los Ángeles S.R.L., Heaven Ocean Management Corp., Sky River Trading Inc., Agroindustrial Los Ángeles, S.R.L; Suplidora de Semillas y Granos, S.A, Bici Moto, S.A, Grupo Comiresa, S.A; El Caribe Moving Van, C. por A., Deli Pan, Financiera de Valores, S.A. y Adeline group Corporation.
Además, Motores del Norte, S.A.; Construcciones y Pavimentos Adanromar, S.A.S Copadan; Radio Noticias Del Caribe AR, S.R.L, Representaciones Arma, S.R.L, Inversiones Lahore, S.A; Lashan Corp., Conamsa Internacional, Consorcio Conamsa Cocimar, Arma, S.A; Agente de cambio Los Ángeles, S.A, Manestle Corporation, además de Inversiones Emmanuel Roi & Asociados, S.R.L., Narella Investment, S.R.L., y Earnlogic Investment S.R.L.
De igual manera, Constructora y Transporte AA, S.R.L., Gurzon Asphaltic Solitions, S.R.L., Compañía Diversa Dominicana Comdidom, S.R.L, Donargo Construcciones y Servicios, S.R.L, así como Abastecimiento Ronargo, S.R.L., Constructora Gron, S.R.L., Fideicomiso Mixergy, Agrac Dominicana, S.A., Administradora del Sur e Ilbrec Investments Limited.
De acuerdo a la fuente, estas sociedades fueron utilizadas por Rondón para movilizar sumas millonarias de dinero, según se ha podido establecer en el transcurso de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
Por su vinculación a los sobornos por 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para la obtención de contratos de obras, fueron dictadas medidas de coerción en contra de todos los imputados, la mayoría consistente en prisión preventiva a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Además de Ángel Rondón Rijo, están encartados en este caso Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, el exministro de Industria y Comercio, Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González, César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo, contra los cuales fue dictada prisión preventiva.
Otros vinculados a los sobornos son Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, ambos con prisión domiciliaria, mientras que una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país fue dictada en contra de los senadores por San Cristóbal y Santiago, Tommy Galán y Julio César Valentín, respectivamente, y el diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco.
