Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta ayer 81 muertos y más de mil detenidos.
CARACAS.- El Gobierno de Venezuela acusó de golpista a la fiscal general, Luisa Ortega, al rechazar las imputaciones que desde su despacho se han hecho en contra de los jefes de los cuerpos de seguridad que han reprimido las protestas y han ordenado detenciones que cada día se realizan en mayor número.
La Fiscalía anunció hoy la citación en calidad de imputado del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntamente violar derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales.
La citación se hace con base en investigaciones del Ministerio Público con relación a casos de “allanamientos arbitrarios”, “privaciones ilegítimas de libertad” y “causas de personas que permanecen detenidas” pese a que ya se han emitido boletas de excarcelación desde los respectivos tribunales.
El vicepresidente, Tareck El Aissami, acusó a Ortega de “dirigir” o “formar parte” de un golpe de Estado al salir en defensa de González López, y del excomandante de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) Antonio Benavides Torres, quien también fue citado por la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos.
Dijo que la fiscal actúa de forma sesgada como si fuera militante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y aseguró que Torres y González López “han garantizado la paz de la república, han evitado males mayores, muertes y han sido una suerte muro de contención del fascismo”.
El Sebin y la GNB son dos de los organismos que han realizado allanamientos en residencias familiares sin la presencia del Ministerio Público y en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace tres meses en todo el país.
Poco después de las declaraciones de El Aissami, el presidente, Nicolás Maduro, anunció que decidió ascender a González López a general en jefe del ejercito bolivariano, pues “ha capturado a los terroristas, a los asesinos”, y señaló que el Ministerio Público “es cómplice de la violencia criminal”.
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta ayer 81 muertos y más de mil detenidos, incluyendo a una veintena de estudiantes universitarios que fueron apresados el jueves, lo que no ha detenido la convocatoria a nuevas manifestaciones.
Esta jornada se conoció de la muerte de Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años, un estudiante de Turismo de la Universidad Politécnica de Mérida que había sido herido durante una protesta en la que participó el pasado 13 en esa entidad occidental.
La ONG Foro Penal Venezolano informó, además, que en el marco de esta ola de protestas que ya tiene tres meses se han realizado más de 3.500 arrestos y que 1.188 siguen detenidos.
La organización resalta que 415 civiles han sido “presentados ante tribunales militares” y 245 están “privados de libertad”.
Dirigentes de la oposición venezolana exigieron a las autoridades la liberación de la veintena de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) detenidos este jueves por la Policía mientras participaban en una marcha en Caracas contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por Maduro.
Los políticos se trasladaron junto a familiares de los jóvenes detenidos y representantes de la USB a la sede del Sebin donde se encuentran apresados los universitarios, aunque no se les permitió entrar al lugar a verificar el estado de los estudiantes.
El diputado Teodoro Campos dijo que la bancada opositora elaborará un expediente sobre el caso para pedir a la Fiscalía que investigue unos arrestos que, en su opinión, se produjeron “fuera del marco legal”.
Además, detalló que “los detenidos fueron obligados a subirse en un camión de carga sin ningún tipo de ventilación y esperaron que este vehículo se llenara con los efectos de gases lacrimógenos para cerrar con candado las puertas”.
Para este sábado la alianza opositora ha convocado a una nueva protesta en todo el país contra de la elección de la Constituyente, que ha sido calificada de “fraudulenta” tanto por el antichavismo como por los chavistas que no apoyan a Maduro.
