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RÍO DE JANEIRO – La Policía Federal de Brasil anunció el cierre de una unidad especial anticorrupción, una medida que fue criticada por los procuradores porque eso podría afectar las investigaciones que han expuesto la corrupción sistémica entre las élites políticas y empresariales del país.
La decisión fue anunciada en momentos en que el presidente Michel Temer, acusado recientemente por el procurador general de corrupción tras las indagatorias de esa unidad, busca obtener el apoyo de los diputados para evitar ser imputado.
Si tres cuartos de los 513 integrantes de la Cámara de Representantes de Brasil vota a favor de aceptar los cargos contra Temer, este sería removido de la presidencia y enjuiciado por el Supremo Tribunal Federal.
La Policía Federal dio a conocer el desmantelamiento del equipo de Lava Jato, o lavado de autos, el jueves. En un comunicado, el organismo indicó que la decisión fue tomada “para priorizar más investigaciones” y mejorar la efectividad.
Según el comunicado, los integrantes de Lava Jato serán integrados a la división principal anticorrupción “para incrementar los efectivos especializados en el combate contra la corrupción y lavado de dinero y facilitar el intercambio de información”.
Los integrantes del equipo, así como la asociación nacional de procuradores y la federación de oficiales de la Policía Federal, criticaron la justificación.
Según los procuradores que conforman la unidad especial, la decisión es “un claro revés” para el equipo, que todavía está en proceso de revisar evidencias y conseguir posibles pistas.
Desde que fue establecido en 2014, el grupo establecido en la ciudad sureña de Curitiba, ha operado con considerable autonomía al revelar un sistema de sobornos y clientelismo utilizado por todas las clases empresariales y todos los colores partidistas. Las investigaciones han tenido efecto más allá de Brasil, pues la evidencia y los testigos han revelado sistemas similares en empresas brasileñas que tienen proyectos en prácticamente toda América Latina.
La investigación empezó como una indagatoria rutinaria de lavado de dinero en una gasolinera, pero en la actualidad ha afectado a Petrobras, la paraestatal petrolera y más de 280 personas, incluidos decenas de legisladores y algunos de los magnates más acaudalados de Brasil. Cientos más están bajo investigación.
Los integrantes de Lava Jato también han recuperado más de 3000 millones de dólares y dicen que podrían regresar millardos más a la tesorería brasileña si se les otorgan los recursos y el tiempo necesarios.
Leonardo Coimbra, director de la Policía Federal desde 2011, le ha dado mucha independencia a la unidad de Lava Jato cuyo trabajo ha desembocado en las detenciones de figuras poderosas como el expresidente de la cámara Eduardo Cunha, condenado a 15 años de prisión en marzo pasado.
En mayo, Temer nombró a Torquato Jardim, su aliado político, como Ministro de Justicia; esa cartera supervisa a la Policía Federal. Un mes después, Temer –quien llegó al poder tras un juicio político a Dilma Rousseff cuyo resultado habría sido influenciado por las revelaciones del caso Petrobras– fue acusado de aceptar un soborno de 152.000 dólares de un empresario de la industria cárnica.
Los procuradores han dicho que podrían presentar cargos adicionales contra el presidente en las siguientes semanas.
Eloísa Machado de Almeida, profesora de Derecho en la Universidad de la Fundación Getulio Vargas, en São Paulo, dijo que desmantelar la unidad de Lava Jato tiene la clara intención de debilitar las investigaciones que podrían afectar a los hombres más poderosos del país.
“Si Lava Jato no puede hacer que la clase política rinda cuentas, especialmente los que están en el poder actualmente, solo habrá servido para pasarle el poder de una clase política a otra sin haber conseguido las reformas institucionales que esperábamos de este tipo de investigación”, dijo.
Un portavoz de Temer dijo que el presidente no interfiere con “asuntos internos” de la Policía Federal, pero no dijo si estaba al tanto de los cambios.
El sindicato de la Policía Federal, la Federación Nacional de Oficiales se mostró preocupado por el desmantelamiento de la unidad, a la cual calificó en un comunicado de “la operación más exitosa” de ese cuerpo policial.
Según el documento, al absorber a los investigadores de Lava Jato en el aparato general del organismo, serán sometidos a “procedimientos excesivamente burocráticos” que habían podido sortear hasta la fecha. “¡No cambias a un equipo cuando está ganando!”, dijo el sindicato.
