SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), Eduardo Estrella afirmó este domingo que el desorden migratorio en que se encuentra el país, ha puesto en peligro la soberanía nacional.
Consideró que el abandono irresponsable a que está sometida la frontera, donde cruzan sin el más mínimo control, miles de indocumentados, drogas, armas y contrabando de mercancías, pone en evidencia la falta de control.
Al pronunciar el discurso central durante la IV Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de esa organización política, Estrella manifestó que el dinero que se desembolse para mejorar la infraestructura y reforzar la seguridad en esta zona, no puede ser visto como un gasto, sino como la mejor inversión en términos sociales y de seguridad nacional.
“Hay que castigar a las mafias que están haciendo fortunas cobrando miles de pesos a cada indocumentado, en complicidad con autoridades que se hacen de la vista gorda en detrimento de la soberanía nacional- manifestó.
Demandó de las autoridades que todas las personas que sean encontradas culpables de dejar cruzar ilegales, le caiga todo el peso de la Ley.
Dijo que siempre ha sostenido que el mayor violador del Código Laboral en lo referente al 80-20 es el propio gobierno, y para muestra basta un botón, ya que hicieron por administración el proyecto de Boca de Cachón, y más del 90% de la mano de obra utilizada, eran obreros ilegales.
Más aún, nuestros hospitales siguen abarrotados de parturientas indocumentadas, sin que se quiera tomar la determinación de asumir la propuesta que hicimos hace más de una década, que se construyan centros de maternidad y de control epidemiológico de aquel lado de la frontera, como un acto humanitario a las embarazadas haitianas, posibilitando que éstas junto a sus hijos permanezcan en su territorio- puntualizo.
Odebrech
Por otra parte, con relación al caso Odebrech Estrella emplazó al Procurador General de la República a que deje dicho acuerdo sin validez, ya que el mismo ha sido incumplido al no entregar ninguna de las informaciones que se comprometió.
Culpó al gobierno de tratar de “marear” a la población, ya que mientras apresuró un acuerdo con la empresa donde se comprometía a suministrar información privilegiada y decisiva, para encausar a los implicados locales y el gobierno a su vez en no procesar a dicha empresa, bajo una risible “compensación” de US$192 millones.
Sin embargo, la Procuraduría ha sido lenta e incapaz en el proceso de investigación y presentación de acusaciones de las personas vinculadas, llegando al extremo de solicitar una extensión del plazo, supuestamente esperando pruebas, mientras Odebrecht demandó en los tribunales internacionales al país al pago de US$700 millones adicionales, de la ya sobrevaluada planta de Punta Catalina.
A la asamblea en la que fueron analizados diversos temas de carácter interno con mira al fortalecimiento institucional de esa organización, asistieron los principales dirigentes del país.
