JERUSALEN.- Janet Camilo Hernández, ministra de la Mujer de la República Dominicana, asegura que hay resistencia masculina a la incorporación de la mujer a la política, porque supone la pérdida de un espacio de poder a la que muchos no están dispuestos.
El primer reto para las mujeres en República Dominicana es “la participación política y el ejercicio del poder que propicien esos cambios”, dice la ministra en entrevista con Efe en Jerusalén, donde asiste a una conferencia de liderazgo femenino organizada por el Centro Carmel Mashav.
“Las mujeres tenemos el gran desafío en República Dominicana de seguir incursionando en la política, pero sobre todo, de que existan mecanismos que garantizan esta inclusión e igualdad de condiciones, tal como garantiza Constitución”, que establece la igualdad entre hombres y mujeres, algo que “aún no se ha puesto realmente en práctica”.
Camilo, que también es vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y presidenta del Instituto Latinoamericano Mujer y Política, ve insuficiente la cuota de mujeres del 33% de su país e impulsa una reforma de ley electoral y de partidos para que esta se eleve al 50%, paridad que ya ha sido aprobada por el Senado pero aún ha de pasar por la Cámara de Diputados.
“La resistencia masculina continúa”, porque “cuando una mujer es elegida diputada, un hombre deja de ser diputado, ya que era un espacio totalmente masculino”, pero insiste en que el gobierno “trabaja para que la ley contemple lo que establece la Constitución: un 50-50%”.
Feminizar el ejercicio político, argumenta “es feminizar la democracia, y feminizar la democracia es hacerla más inclusiva, más garantista de derechos para todo el bienestar ciudadano”.
“Hombres y mujeres podemos emprender el poder desde la igualdad, desde la inclusión de todos y todas” afirma, y asegura que no basta con tener los derechos sino que hay que tener “el acceso a esos derechos en igualdad de condiciones”.
Otro reto para las mujeres en República Dominicana es la violencia de género, con “una de las tasas más altas en la región latinoamericana de feminicidios y una alta tasa de denuncias y violencia sexual”.
“Estamos trabajando en la propuesta de una ley de violencia integral” que la trate “desde el ámbito interministerial, interinstitucional, pero sobre todo, intersectorial” e incluya la promoción de la salud, la educación para la prevención y un impulso a los gobiernos locales “para que las mujeres puedan tener empoderamiento económico, acceso a servicios y seguridad en las calles”.
“Se trata de una ley que refuerce la atención y prevención”, dice Camilo, que recuerda que no solo hay que atender a las mujeres víctimas de violencia, sino también a los niños huérfanos por feminicidio, “porque no basta detener, prevenir, sancionar la violencia, sino que también hay que hablar de la reparación del daño” para los familiares, habitualmente los hijos.
Para todo ello, son necesarios unos presupuestos del Estado con “mirada de género”, porque sin recursos, las intenciones “son solo discursos, letras muertas”, y reclama “presupuestos destinados a fortalecer las políticas y herramientas públicas” en la defensa de los derechos de la mujer.
Brecha salarial
Camilo constata que en su país la brecha salarial es de un 21% y busca promover que las mujeres puedan obtener autonomía laboral, empoderamiento y el emprendimiento, como una forma de evitar que las mujeres rurales sean forzadas a emigrar la ciudad.
Advierte sobre la “moda” del feminismo, que este año ha tenido un resurgimiento mundial, y aboga por trabajar para que se escuche de forma real y efectiva a las mujeres y que los hombres ayuden y acompañen a las mujeres para transformar las política públicas de modo que estas lleguen a todas las mujeres.
La ministra también se refirió al debate del aborto, tras el reciente caso de Irlanda, y recordó que se está impulsando una reforma del Código Penal, que protege la vida desde la concepción, lo que hace que no se garantice el derecho de las mujeres.
“Para las mujeres dominicanas, el tema del aborto es una cuestión de garantía de salud”, sobre todo “para las pobres, que son las víctimas y las que sufren en su salud por no tener el Estado garantías de hacer un aborto seguro” explica, y admite que en esta cuestión, la Iglesia tiene aún mucho país e influencia.
“Tenemos que decidir si nosotros como estados somos garantistas de derechos o somos garantistas solamente del poder religioso”, afirma, y recuerda que el Estado existe “para gobernar y garantizar derechos”.
“Que cada quién ejerza su religión y su creencia individualmente, pero como Estado tenemos que garantizar la salud de las mujeres”, pide Camilo, que seguirá promoviendo una reforma para que la República Dominicana deje de ser “uno de los pocos países que sanciona de manera absoluta el aborto”.Ana Cárdenes
