WASHINGTON.- La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo y que desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente.
La resolución, el gesto más contundente de la OEA contra Maduro, fue aprobada este martes con 19 votos durante la Asamblea General de la OEA, la cita más importante del organismo, que concluye hoy.
La votación se hizo a viva voz con la abstención de 11 países entre los que figuraban aliados tradicionales del Gobierno de Nicolás Maduro, como Nicaragua, mientras que otras cuatro naciones votaron en contra, liderados por Venezuela, cuyo canciller Jorge Arreaza, dijo que votaba “rotundamente en contra”.
Esta es la primera vez que se aprueba en una Asamblea General una resolución sobre la crisis venezolana, tema que ya centró la anterior Asamblea General de la OEA en Cancún (México), pero que acabó sin una declaración condenatoria porque, en el último momento, el Caribe respaldó a Venezuela.
La resolución aprobada hoy fue impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90 % de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Esos 15 países votaron a favor de la resolución, grupo al que se sumó República Dominicana (aliado tradicional de Venezuela), así como Bahamas, Jamaica y Barbados, tres países caribeños que ya habían votado anteriormente a favor de pronunciamientos sobre Venezuelaen la OEA.
La resolución necesitaba 18 votos para ser aprobada y consiguió el respaldo de 19 países.
Mientras tanto, se abstuvieron once países: Surinam, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Belice, Uruguay, Antigua y Barbuda, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití y Nicaragua.
Además, mostraron su rechazo cuatro países: San Vicente y las Granadinas, así como Venezuela, Bolivia y Dominica.
La aprobación de una resolución sobre Venezuela sirve para establecer el criterio de legalidad y legitimidad del continente americano con respecto al Gobierno de Maduro y abre la puerta a una estrategia regional para cambios en las relaciones diplomáticas y la imposición de sanciones.
Lo más importante de la resolución sobre Venezuela es el punto sobre la suspensión del país del organismo.
No obstante, esta medida no sería automática: sería necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene el organismo y solo se ha aplicado a dos naciones: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente; y Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.
No obstante, Venezuela ya pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones procedimentales no será efectiva hasta dos años después, en 2019.
La resolución incluye una condena de las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido como presidente, así como una petición para que el Gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria y para que se restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora.
RD a favor de resolución OEA
República Dominicana respaldó la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que declaró ilegítimo el proceso electoral venezolano del pasado 20 de mayo de 2018. Esta resolución fue aprobada con el apoyo de 19 países, en una votación nominal en la cual República Dominicana fue la primera en votar.
Al dirigirse más temprano a los participantes en el cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el canciller Miguel Vargas solicitó al organismo hemisférico que busque una salida pacífica, democrática y definitiva a la situación en el país suramericano, donde la crispación entre los actores políticos y económicos “nos hace temer que en cualquier momento se pueda producir un quebrantamiento de la gobernabilidad”. Vargas reveló que se conjugaron varios factores para abortar el proceso de diálogo de Venezuela que se efectuó en Santo Domingo.
“Fue imposible vencer la inexistencia de una voluntad real de llegar a acuerdos entre las partes en conflicto, tanto del Gobierno como de la oposición. Y esto, fue lo que a fin de cuentas impidió que esta iniciativa fuese efectiva.”, expresó el ministro de Exteriores.
Agradeció la confianza que las partes y países acompañantes en el diálogo depositaron en República Dominicana y el presidente Danilo Medina, quien condujo la mediación de forma equilibrada.
Explicó que los participantes en el diálogo trataron por todos los medios posibles que las elecciones venezolanas estuviesen rodeadas de todas las garantías. “Sabíamos que, sin el restablecimiento real y efectivo de los derechos políticos de todos los partidos y posibles candidatos, no era viable un acuerdo final y definitivo”, puntualizó el canciller.
Insistió en que, más allá de cualquier postura grandilocuente, que podría profundizar los conflictos, la comunidad interamericana debe contribuir a una salida pacífica en Venezuela. “Una solución –subrayó Vargas- que debe estar apegada a los estándares de la democracia participativa y en la cual los protagonistas sean los propios venezolanos, pues sólo a partir de sus propias acciones y decisiones pueden emanar soluciones a sus problemas.”
En este sentido, llamó al Gobierno y oposición venezolanos a que “asuman con responsabilidad acciones que conduzcan a una solución definitiva a la crisis que viven nuestros hermanos venezolanos”.
