SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El juez Francisco Ortega Polanco recesó hoy sin fecha fija el conocimiento del caso Odebrecht en su etapa preliminar hasta tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decida un recurso de recusación y otro de inhibición interpuesto en su contra por los abogados del expresidente del Senado Andrés Bautista.
El magistrado acogió los pedimentos presentados en ese sentido por los abogados de la defensa de Bautista, Carlos Salcedo y Antoliano Peralta, quienes lo objetan para la ventilación del juicio preliminar, por considerar que es un juez favorito de la Procuraduría General de la República.
La audiencia se inició con quejas de no entrega de pruebas a los imputados por parte del Ministerio Público, de presión mediática y el mantenimiento de una recusación al juez Ortega Polanco para que se abstenga de conocer el proceso.
El tribunal inició la audiencia puntual a las 9:00 de la mañana, pero tuvo que recesar a la espera de la llegada de los imputados y sus abogados.
Dicha audiencia se reanudó a las 9:24 de la mañana, con la asistencia completa de los imputados y sus abogados. Tras las credenciales dadas por los abogados y los imputados, el Ministerio Público procedió a la presentación de la querella.
Tras la presentación de la querella, Carlos Salcedo, abogado del imputado Andrés Bautista, procedió a recordarle al juez que él está recusado por su cliente, por lo que, a su entender debe inhibirse y no conocer el caso.
Ante dicha observación, Ortega Polanco alegó desconocimiento de la recusación, por lo que le pidió a dicho abogado que lo edificara al respecto, para él tomar una decisión.
Salcedo procedió a hacerle la edificación de lugar y pedirle que, conforme al Código Procesal Penal proceda a inhibirse.
Dicho pedimento fue rechazado por el Ministerio Público, quien pidió al juez no aceptar la solicitud de inhibición y proceder al conocimiento de la causa.
Tras escuchar a las partes, el juez se retiró a deliberar y a su regreso determinó recesar el conocimiento de la causa hasta que la el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decida los citados pedimentos.
Acusan procurador
Antes del inicio de la audiencia, la defensa del imputado Andrés Bautista acusó al procurador general de la República de pretender tener un juez que le sea favorable.
El abogado Salcedo dijo que su cliente concurre al juicio sin las debidas pruebas que debe entregarle el Ministerio Público para que pueda ejercer su derecho a defensa.
Igual opinó el imputado Jesús Vásquez Martínez, quien dijo que acude al juicio en un estado de indefensión, en vista de que el Ministerio Público no ha cumplido con el mandato legal de entrega de pruebas.
Quejas similares expresó el imputado Ángel Rondón Rijo, quien entre otras cosas, declaró que el Ministerio Público pretende hacerle un juicio mediático. Manifestó que prueba de eso lo es el campamento que al lado de la Suprema Corte de Justicia tiene montado el grupo Marcha Verde.
La audiencia se ventila en medio de estrictas medidas de seguridad a cargo de agentes de la Policía y reclamos de justicia de miembros del grupo Marcha Verde, que mantiene montada una carpa al lado de la Suprema Corte de Justicia.
Los imputados son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, el senador Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga Arzeno y Jesús (Chu) Vásquez.
El grupo está acusado por el Ministerio Público, de supuesta violación de los artículos 2, de la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión; 145,146, 166, 167, 175, 177, 178, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes; y 3.A, 3.B, 3.C, 4, 8.B, 18, 21.B, y 26, de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
La acusación contra los siete encartados fue sometida por el procurador general el pasado 9 de junio, luego de más de un año de investigación sobre US$92 millones que la constructora brasileña Norberto Odebrecht reveló haber pagado como sobornos en el período 2001-2014, a través de Rondón, su representante en el país, por el otorgamiento de 16 obras públicas a ser ejecutadas en República Dominicana.
En principio figuraban en el expediente 14 imputados, pero ocho fueron excluidos del mismo, tras comprobarse “su inocencia civil”, según alegó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
En el caso también está implicado el senador por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán.
Asimismo, el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez.
