SANTO DOMINGO DE GUZMAN, RD.- El movimiento cívico Participación Ciudadana opinó que es un hecho “gravísimo” que el Gobierno Dominicano haya estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado.
Destacó que la denuncia sobre este particular merece no solo ser investigada, sino también “una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”.
La entidad, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, emite estos criterios en una comunicación remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en la que expresa su descontento porque este hemiciclo el reciente 11 de julio rechazó una solicitud de varios legisladores de que fuera designada una comisión especial para investigar pagos del Gobierno a la empresa del encarcelado publicista brasileño Joao Santana y su esposa.
Durante la sesión de ese día los diputados Faride Raful, Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, pidieron que se investiguen las contrataciones públicas que hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2017, a favor de las empresas Cine&Art 2013 y Polis Caribe, propiedad de Santana y Moura.
Raful aseguró que cuando Joao Santana salió del país en febrero 2016, en plena campaña presidencial, a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección. No obstante, sus empresas siguieron recibiendo dinero por parte del Estado.
Participación Ciudadana indicó que “la revelación hecha por los diputados, con pruebas provenientes de la Contraloría General de la República, de contrataciones con ambas compañías por 4 millones 800 mil dólares y 1,109 millones de pesos, para un total de 1,346 millones 841 mil 796 pesos, equivalentes a 30 millones 784 mil dólares, “son razones más que suficientes para justificar con creces la solicitud realizada”.
El movimiento catalogó como incorrecto el comportamiento del diputado Radhamés Camacho al solicitar sacar el caso del hemiciclo cameral y canalizarlo a través de los tribunales.
Dijo que este legislador ignora que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Congreso Nacional no solo legisla, sino que además tiene funciones de fiscalización y control de finanzas públicas, por lo que tiene facultad de nombrar comisiones especiales de investigación.
“La Constitución es reiterativa al respecto cuando en su artículo 246 dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional…”, añade la organización en un comunicado.
Participación Ciudadana sostuvo que los legisladores Raful, Paulino, Díaz y Burgos, no solo cumplían con su obligación como diputados, sino que también desempeñaban su deber ciudadano descrito en el artículo 75 de la Constitución, de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
“No se trata de defender colores partidarios en la Cámara de Diputados sino de anteponer los colores patrios, ante un hecho tan revelador como el que implica pagos millonarios a dos personas vinculadas al caso Odebrecht, sobre todo, una parte de los pagos realizados con posterioridad a su condena en Brasil a cinco años de prisión por 19 cargos de lavado de activos”, dice.
Agrega que “todo esto implica que el gobierno dominicano ha estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado, hecho que por sí mismo es gravísimo y merece no solo ser investigado, sino una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”.
