Manuel María Mercedes, en una carta, comunica al presidente de las presuntas irregularidades que se presentan durante ellos
SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, solicitó al presidente de la República, Danilo Medina, que disponga “el cese inmediato de los desalojos forzosos que se están llevando a cabo de forma indiscriminada en todo el país”. Destacó que la zona Este es la más afectada.
El dirigente comunitario externó su pedido al mandatario a través de una carta, de fecha 15 de mayo de 2019. En ella, le explica que este ha sido un “año negro” por la gran cantidad de desalojos registrados, sobre todo en la región Este del territorio nacional.
“Los dirigentes y miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de varias filiales de nuestra organización a lo largo de la geografía nacional reunidos aquí frente al Palacio de la Presidencia, le solicitan que disponga el cese inmediato de los desalojos forzosos que se están llevando acabo de forma indiscriminada en todo el país”, acota el documento.
Sobre la región Este, dijo que en el transcurso del año y por todo el año pasado “hemos, en varias ocasiones, rechazado y condenado los desalojos ilegales y el acaparamiento de tierras que se han realizado y que se plantean realizar con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de las tierras del Estado dominicano”.
“Podemos decir, sin temor a ser desmentidos, que en la región Este del país se está actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde décadas”, adujo.
Dijo que entre varias situaciones que están monitoreando y han denunciado está la de los sectores Villa Maranatha II y del barrio México, de San Pedro de Macorís, donde afirma que los desalojos se realizan sin orden de un tribunal y contra moradores que están beneficiados por un compromiso de venta de ese terreno con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), mientras que algunos políticos supuestamente en complicidad con autoridades intentan adueñarse de ellos.
Cita ejemplos
“Señalamos también la situación de Boca de Yuma del año pasado, donde moradores del lugar y regidores estuvieron lanzados a la calle en rechazo a los desalojos autorizados por el abogado del Estado en contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta demarcación, gestionado por el presidente del PLD de la provincia de la Altagracia, el Dr. Pedro Rojas Morillo, el cual en confabulación con un terrateniente quieren adueñarse de una porción de tierra ubicada en la parcela 92-HD/C 10 de este lugar”, adujo.
Agregó que la zona está ocupada por una gran cantidad de familias de escasos recursos por más de 20 años en el lugar. Dijo que el lugar lo componen más de 100 viviendas con 300 personas, que le fue otorgada por el mismo ayuntamiento en la pasada gestión.
María Mercedes dijo que reiteradas veces “hemos denunciado en San Francisco de Vicentillo, El Seibo , el despojo de tierra a manos de Pedro Guillermo Varona, conocido como “El Cubano”, quien pretende acapararse de más de 40 mil tareas de tierras a pesar de tener un título de propiedad por apenas mil tareas y quien tiene la Policía y el Ejército trabajando para sus intereses”.
Los campesinos de esa comunidad han sido sometidos a varios atropellos durante los desalojos. Denuncian, además, que uno de los jóvenes de la comunidad, Amaury Rijo, fue torturado cruelmente el día 25 de octubre del año pasado supuestamente por allegados de “Cubano”, indicó.
“Estos campesinos llevan luchando 45 años por las tierras que les corresponden por decreto presidencial, ya que les fueron entregadas en 1973 por Joaquín Balaguer. Sabrá usted, señor Presidente, también de los desalojos forzosos e ilegales que se están llevando a cabo casi semanalmente en el Gran Santo Domingo, donde con toda responsabilidad podemos decir que se están ejecutando de forma ilegal, respondiendo a intereses personales de políticos o personas influyentes, quienes usan la fuerza de seguridad publica en estas tareas”, planteó.
Dijo que incluso, han visto que privados de libertad de la cárcel de La Victoria fueron utilizados en el desalojo realizado el pasado sábado en Los Alcarrizos, “lo que es absolutamente ilegal, hecho que ya hemos denunciado a los organismos internacionales, y donde se han tumbado casas de más de 500 familias, cuyo expediente estaba en un tribunal en espera de un fallo”.
“No puede no haberse enterado señor Presidente de lo que está pasando en los sectores de La Ciénaga y de Los Guandules, donde los moradores del lugar lamentan el hecho de haber recibido el cheque de la indemnización solo en el momento que le ha sido tumbada su vieja casa, además de la insuficiencia del mismo, que no les permite una reubicación, y condenan además ‘la imprudente y violenta forma en que los militares que envía Urbe van a las 6:00 de la mañana a desalojar las viviendas’”, subrayó en la misiva.
Explicaron que tienen niños pequeños, que no pueden buscar casa de un día para otro, al igual que los que viven con personas mayores o con alguna condición especial, por lo que exigen un aviso “con anticipación”, sin tener en cuenta el hecho de que la gran mayoría de estos pobladores son trabajadores informales que en esos barrios, pagando alquileres muy, muy bajos, habían logrado sobrevivir aunque en un entorno insalubre y peligroso en temporadas de lluvias.
Le recordó a Medina que la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos. Entre éstos figura la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales.
“Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación”, acotó.
“Podemos decir, sin temor a ser desmentidos, que en la región Este del país se está actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde décadas”
