Santo Domingo, RD.- La diputada y aspirante a senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, presentó un proyecto de ley que busca tipificar e incluir nuevas modalidades de delitos y crímenes electorales, relacionados con el uso de bienes, servicios y/o recursos públicos, así como aumentar las sanciones de infracciones ya establecidas sobre la materia.
La iniciativa legislativa fue depositada ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados y plantea modificaciones a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, promulgada el 15 de agosto de 2018 y la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 para ampliar su alcance.
En ese sentido, el proyecto de la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) busca reforzar las normas para la recepción de aportes económicos dirigidos a campañas, la participación de funcionarios públicos en proselitismo y las deducciones salariales a empleados del Estado para financiar proyectos políticos.
“La nómina de una entidad pública no se podrá modificar para ser aumentada, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a realización de las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo, o procesos o acciones que se enmarquen en una declaratoria de emergencia nacional”, dispone el proyecto de ley.
El proyecto también incluye la sanción contra el uso, en los procesos eleccionarios internos y generales, de símbolos, figuras, expresiones y mecanismos que denigren la condición humana y la dignidad de una o más personas o de candidatos.
La pieza procura insertar en el marco legal la prohibición de presionar, sugerir o incitar, en cualquier forma, a subalternos, dependientes o proveedores de bienes y servicios, para que respalden algún precandidato o candidato, una causa, campaña o controversia política.
Asimismo, trata de impedir a los funcionarios y ejecutivos de las entidades de intermediación financiera, con capital estatal o público de más de un 50%, otorgar facilidades de crédito de cualquier naturaleza durante los períodos de precampaña y campaña electoral.
La misma prohibición va dirigida a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, establecidos en las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y Orgánica de Régimen Electoral, sin perjuicio de otras sanciones administrativas establecidas en la Ley Monetaria y Financiera.
Entre otras modificaciones, también busca sancionar al ejercicio de ordenar a empleados bajo la dependencia del precandidato o candidato a asistir a eventos, actividades, caravanas, mítines y/o cualquier tipo de acto público de campaña y/o actos de precampaña de partido, agrupación y movimiento político.
De ser acogidos por el Congreso los cambios en los marcos legales citados, sería sancionable el hecho de favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en campaña política, ya sea a favor del titular o superior jerárquico de la institución de que se trate.
