Por JUAN T H
La Junta Central Electoral ha iniciado una campaña en contra de la compra de votos, una práctica muy enraizada en los procesos electorales desde hace ya muchos años, ¡Bien!
La compra de votos es tan solo una de las múltiples y variadas maneras de fraudes electorales que se producen en nuestro país ante la mirada de todos, sin que nadie, absolutamente nadie, haya pagado las consecuencias. Ya lo decía uno de estos días el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez: “Nunca en la historia de las elecciones se ha castigado el delito electoral”. ¡Nunca!
Los que compran cédulas suelen estar protegidos por las autoridades militares, policiales y políticas. Es una práctica “deleznable”, dijo con sobrada razón el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán. La iglesia católica también criticó acremente los fraudes: El pica Pollo, los 500 pesos, la cerveza, el pote de ron, el robo de urnas, el dislocamiento de los votantes, los mercados alrededor de los centros de votaciones para comprar la voluntad de la gente, la violencia para infundirle miedo a los electores, las amenazas a los empleados públicos y a los beneficiarios de las políticas existencialistas y patriarcales del gobierno: tarjeta solidaridad, bono gas, bono luz, etc.
Todas esas formas de fraudes las realiza principalmente el partido de gobierno, aunque en algunas ocasiones los de oposición también han comprado cédulas y han cometido delitos electorales.
No me hago ilusiones creyendo que esas acciones “deleznables”, bochornosas y vergonzosas terminarán porque la JCE ha iniciado una campaña en su contra. No, no es así. La JCE ha demostrado inconsistencia, falta de carácter y mucho temor.
Estoy convencido que el PLD intentará ganar las elecciones utilizado los recursos del Estado sabiendo que no hay un árbitro poderoso, con estructuras que lo impidan. De hecho el gobierno actúa como si la JCE no existiera. El gasto de los candidatos municipales, congresuales y a la presidencia, desborda todos los parámetros. No hay equidad ni proporcionalidad en el uso de recursos ni en los medios de comunicación.
Los candidatos oficialistas han violado la ley sobrepasando ampliamente los límites de campaña sin que nadie se lo impida. Cuando un candidato del PLD gasta un millón, el de la oposición no llega a cien mil. Cuando el aspirante del PLD coloca 500 cuñas publicitarias, el de la oposición no coloca ninguna o apenas 50. Las instituciones públicas sustituyen sus cuñas por las de los candidatos oficialistas. Esa es una práctica vieja que ningún organismo electoral ha querido detener a pesar de ser un acto de corrupción.
El Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo y demás organizaciones políticas tienen que prepararse para evitar las prácticas fraudulentas del gobierno, no pueden dejarle esa tarea a la JCE, a la iglesia católica ni a los medios de comunicación, que en la mayoría de los casos actúan en complicidad.
Los fiscales electorales no han sido escogidos. Y mejor que sea así. La policía electoral forma una especie de círculo de estudio y de represión del PLD. ¿Quién designa al Fiscal Electoral? Un político: El presidente de la República. ¿Quién designa al jefe de la policía electoral? El mismo político. El presidente de la República que es un ente activo en el proceso.
Ni el fiscal, ni la policía electoral, actuarán con independencia. Responden a las directrices del jefe del Estado que asegura ganará las elecciones. Todo el aparato electoral está en manos del presidente Danilo Medina que lleva como candidato a un títere.
Conociendo todos esos elementos es que Estados Unidos dice a través de su embajada, que desea unas elecciones “libres y transparentes”. La compra de cédulas, el robo de urnas, el pica pollo y los 500 pesos solo puede impedirlos la presión internacional y la lucha de la oposición para defender la voluntad popular en los recintos electorales, antes, durante y después de las elecciones.
