Por Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ Un Gran Jurado Federal en Boston acusó a los dominicanos Ramón Joseph Cruz Junior y Darwyn Josep, ambos de 24 años de edad y residentes en las ciudades de Lawrence y Methuen en Massachusetts, de una estafa por millares de dólares al programa de ayuda pandémica de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), destinado a dar préstamos por desastres y lesiones económicas por el coronavirus, lavando gran parte del dinero robado en bancos de la República Dominicana.
Los acusados, según los fiscales federales, son imputados de un cargo de conspiración para cometer fraude por cable, cuatro cargos de fraude por cable, ayuda e incitación y un cargo de robo de identidad agravado, después de ser detenidos por el FBI en diciembre 2020.
El expediente dice que ellos estaban involucrados en una conspiración para usar información de identidad robada de ciudadanos de los Estados Unidos para solicitar préstamos para desastres por lesiones económicas de la SBA.
Los investigadores dicen que específicamente, Joseph y Cruz utilizaron información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses para abrir cuentas bancarias fraudulentas que luego estaban vinculadas a otras cuentas bancarias fraudulentas creadas para recibir los fondos de la SBA.
Joseph y Cruz también recibieron por correo algunas de las tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas en las que se depositaron fondos de la SBA, y luego lavaron esos fondos utilizándolos para comprar un gran número de iPhones para su reventa y también enviaron una parte de los fondos a la República Dominicana para promover el plan.
Más de $452,000 dólares en fondos de la SBA se obtuvieron fraudulentamente en relación con el esquema dirigido por los dos acusados.
Aproximadamente $250,000 de este dinero se utilizó para comprar iPhones en Massachusetts y New Hampshire.
Los cargos de fraude por cable y conspiración para cometer fraude por cable prevén una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito.
El cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia obligatoria de dos años que se debe cumplir consecutivamente después de cualquier otra sentencia impuesta, hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000. El fiscal federal en Massachusetts, Andrew E. Lelling y William S. Walker, agente especial interino a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Boston hicieron el anuncio sobre las acusaciones a los dominicanos.
Los fiscales federales adjuntos, Elianna Nuzum y Adam Deitch de la Unidad de Crímenes Mayores de la fiscalía federal, procesaron el caso.
