Por Lic. Arismendi Díaz Santana
La propuesta oficial contiene avances importantes, pero no garantiza la reducción de los copagos, ni el incremento de la cobertura de servicios. Eleva el sacrificio de los afiliados, pero deja intacta la comisión de las AFP
Las autoridades oficiales de la Seguridad Social han sometido a la consideración de la mesa del diálogo su Propuesta Institucional (PI) sobre las modificaciones a la Ley 87-01. La misma constituye un punto de partida para los debates de la Mesa del diálogo instalada por el Consejo Económico y Social (CES), a iniciativa del presidente Luis Abinader. Sería de gran utilidad que los trabajadores y empleadoras hicieran lo mismo, a fin de facilitar el diálogo y la concertación social.
Algo que llama poderosamente la atención es que la PI no define con claridad los objetivos de la reforma integral y de qué manera los cambios sugeridos beneficiarían a los afiliados, reduciendo el nivel de insatisfacción, la percepción general sobre la vigencia de privilegios y del exceso de mercantilización del SDSS.
Este punto es demasiado importante y crucial, como para manejarlo de manera implícita, ya que constituye el marco de referencia para evaluar la justeza, viabilidad y suficiencia de la propuesta sometida.
De manera correcta, en la misma se separan los cambios necesarios que, a juicio del oficialismo, no requieren modificar la Ley 87-01, de aquellos que sí implican cambios en la propia Ley. Así lo hizo la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) en su propuesta a la Comisión Bicameral del Congreso.
Por ejemplo, se reconoce la necesidad del Régimen Contributivo Subsidiado, determinando su costo fiscal y funcionamiento. También, el derecho al seguro de salud de todos los pensionados y jubilados y la “universalización” de los servidores públicos al SENASA.
Además, se plantea la revisión bianual de los Catálogos de Prestaciones y de Medicamentos para garantizar su actualización e incrementar su cobertura. En adición, la FSSPT sugiere la revisión integral de todos los reglamentos, contratos y resoluciones para simplificarlos y eliminar trámites y trabas que reducen el derecho de los afiliados.
Necesidad de una mayor precisión e integralidad de las propuestas
A pesar de que se señala la necesidad de implementar el Plan Básico de Salud (PBS), la misma se limita a un enunciado, sin aportar ningún elemento de juicio que permita apreciar su alcance real. Tampoco se consigna la necesidad del primer nivel de atención basado en la atención primaria, para todos los regímenes.
Estas dos reformas son cruciales para implantar un verdadero Seguro Familiar de Salud (SFS), dejando atrás un seguro de enfermedad todavía vigente, a pesar de la alta mortalidad materno-infantil y de un costo elevado que excluye servicios importantes. Se trata de dos temas impostergables para garantizar un cambio real en el sistema de salud.
De igual forma, si la propuesta está dirigida a lograr una mayor protección social a todos los afiliados, es necesario el desmonte gradual de los copagos ilegales. En el 2021, los copagos ascendieron a unos 65,000 millones de pesos, grabando por igual a todos los afiliados, sin tomar en cuenta su nivel de ingreso. Este monto ha elevado el costo de los trabajadores del 30% de Ley al 54.1% real, lo cual genera distorsiones e insatisfacciones, especialmente en las familias más pobres y vulnerables.
Por primera vez, el sector oficial ha tenido el valor de proponer un aumento gradual de los años y del porcentaje de cotización, lo cual es encomiable. Pero no planea reducir el monto de la comisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la cual constituye uno de los principales reclamos de la población. Más sacrificios para los afiliados, y cero sacrificios para las AFP.
