SANTIAGO DE CHILE.- El general será formalizado el 7 de mayo, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible un último recurso interpuesto por su defensa para evitar la justicia.
Yáñez se desempeñaba como jefe de Orden y Seguridad de la policía militarizada durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), y con posterioridad fue ascendido al más alto cargo de la institución.
La Fiscalía pidió enjuiciarlo por el delito de omisión de “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” ocurridos durante las protestas iniciadas en octubre de 2019.
Esas manifestaciones contra las desigualdades sociales y el modelo neoliberal fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, con saldo de unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con daños oculares.
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reveló el uso excesivo o innecesario de la fuerza que provocó la privación de la vida, lesiones, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
La investigación apuntó a carabineros y el ejército por no adherirse a las normas y estándares internacionales respecto al uso de la fuerza. Medios de prensa afirman que el jefe policial renunciará antes de sentarse en el banquillo de los acusados, sobre todo porque el Gobierno expresó que toda autoridad formalizada deberá abandonar el puesto.
Esta semana organizaciones de derechos humanos entregaron una carta en el Palacio de La Moneda dirigida al presidente, Gabriel Boric, donde demandan la dimisión de Yáñez y de otros altos responsables de la policía.
“Es un deber legal y ético que el general Yáñez asuma sus responsabilidades y responda por los cargos que se le imputan. No puede continuar eludiendo a la justicia. Dada la relevancia del cargo que ostenta, debe renunciar”, señala la misiva firmada por más de 70 agrupaciones.
