Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.- Los comunicadores Francisco y José Alcántara, pertenecientes a Multimedios Su Mundo, fueron arrestados este jueves por el Ministerio Público luego de haber realizado una denuncia sobre la supuesta sustracción irregular de equipos de aire acondicionado pertenecientes a la Dirección General de Migración.
Según la denuncia presentada por los hermanos Alcántara, los equipos habrían sido trasladados de manera irregular a un apartamento en construcción, vinculado al funcionario de dicha entidad gubernamental, Thomas Beras.
La denuncia de los comunicadores detalla que el funcionario Beras habría ordenado el traslado de los equipos de aire acondicionado a un inmueble en construcción, propiedad de sus padres.
La acción fue considerada irregular por los comunicadores, quienes llevaron la situación a la luz pública. En respuesta a esta acusación, los padres de Beras interpusieron una querella formal contra los Alcántara, lo que provocó la detención de los comunicadores.
Los comunicadores alegan que los aires acondicionados, cuyo destino debía ser la Dirección General de Migración, fueron removidos de las instalaciones oficiales y trasladados sin justificación alguna a la mencionada propiedad en construcción, lo que generó sospechas sobre un posible mal manejo de recursos públicos.
Este señalamiento público provocó una respuesta contundente de los familiares del funcionario implicado, quienes decidieron proceder legalmente en contra de los comunicadores por entender que las acusaciones eran infundadas y dañaban su reputación.
Este caso ha suscitado preocupación en diversos sectores de la sociedad sobre el trato que reciben los periodistas que ejercen su derecho a denunciar actos que consideran irregulares dentro de las instituciones gubernamentales.
Diversos organismos de defensa de la libertad de prensa han expresado su inquietud por la rapidez con la que se procesó la querella, lo que ha llevado al arresto de los Alcántara.
Se ha señalado que los funcionarios públicos deben mostrarse más tolerantes ante la crítica ciudadana, especialmente en un contexto democrático donde la libertad de expresión es un pilar fundamental.
Algunos sectores de la prensa han advertido sobre la creciente intolerancia hacia las críticas dirigidas a funcionarios públicos, señalando que este tipo de acciones podría tener un efecto intimidatorio sobre quienes buscan denunciar posibles actos de corrupción o irregularidades.
La comunidad periodística y defensores de los derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar la transparencia y una investigación imparcial en este caso. La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara y veraz sobre el manejo de los recursos públicos y, a la vez, los comunicadores que ejercen su labor deben estar respaldados por pruebas sólidas para evitar malentendidos y el riesgo de posibles acciones legales en su contra.
El Ministerio Público ha declarado que continuará con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar si las denuncias realizadas por los hermanos Alcántara tienen sustento.
A su vez, la defensa de los comunicadores espera que se les garantice el debido proceso y que puedan demostrar la veracidad de sus declaraciones sin que se afecte su derecho a la libertad de expresión.
Este incidente resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la labor informativa y la responsabilidad legal, recordando que toda denuncia o acusación debe estar respaldada por pruebas contundentes.
La opinión pública sigue de cerca el desarrollo de este caso, que no solo involucra a dos comunicadores comprometidos con su labor de denuncia, sino también al correcto uso de los recursos públicos y el nivel de tolerancia de las autoridades frente a las críticas.
