Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO ESTE, RD.- Las auditorías son herramientas esenciales para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Este proceso, realizado por auditores, evalúa si los movimientos financieros de una entidad cumplen con las normativas establecidas, protegiendo así los intereses de la ciudadanía.
En el ámbito municipal, la Ley 176-07 establece un marco claro para los ayuntamientos, incluyendo disposiciones sobre fiscalización y límites administrativos.
En el pasado, los alcaldes tenían un tope de gasto de un millón de pesos para decisiones administrativas. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta ley, las reglas cambiaron para adaptarse a una gestión más transparente y regulada.
Recientemente, el ex regidor, Winston Báez denunció públicamente que el alcalde Dio Astacio está violando el artículo 270 de dicha ley.
Este artículo establece que la fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica de los ayuntamientos es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, bajo los alcances y condiciones que dictan sus leyes reguladoras.
En un caso emblemático, cuando se aprobó la urgencia de 280 millones de pesos en la Sala Capitular del Concejo de Regidores, el honorable regidor Luis Flores sometió una moción para que se realizara una auditoría a la pasada gestión, la cual fue aprobada.
Sin embargo, es fundamental destacar que, aunque esta auditoría fue vinculada a dicha aprobación, debe realizarse bajo los procedimientos y condiciones establecidos por la ley para garantizar su legitimidad y credibilidad.
Además, el uso de una firma privada carece de sustento legal, ya que es responsabilidad de la Cámara de Cuenta y podría abrir la puerta a cuestionamientos sobre la independencia y validez de los resultados.
Es momento de que las autoridades locales actúen, cumpliendo con las normativas y garantizando que las auditorías sean procesos efectivos y ajustados a la ley. La transparencia no debe ser una excepción, sino la norma en toda gestión pública.
