Por Ángel Puello
República Dominicana está enfrentando una tragedia que ya no puede ser ignorada: una crisis ambiental que amenaza la vida humana y animal con consecuencias irreversibles para nuestra salud colectiva. Lo más alarmante es que esta emergencia no se percibe a simple vista: está en el aire que respiramos, en los alimentos que ingerimos, en el agua que consumimos y en los ríos que una vez fueron fuentes de vida.
Durante una reciente visita al país, Marcos A. Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, emitió una declaración devastadora. Aunque se han registrado avances legislativos, el país carece de un sistema efectivo de manejo de residuos, no existen protocolos rigurosos para la comercialización y uso de agroquímicos peligrosos, y la cobertura de agua potable y saneamiento aún deja fuera a más del 80% de la población vulnerable.
A esto se suma la persistente presencia de residuos plásticos y foam, los cuales invaden nuestras costas, calles y vertederos, con un impacto brutal en la biodiversidad. Pero quizás lo más indignante es que los residuos médicos y químicos altamente tóxicos siguen arrojándose sin control, exponiendo a nuestras comunidades a sustancias que alteran el sistema nervioso, el aparato respiratorio y, en muchos casos, generan enfermedades crónicas.
Casos de fumigaciones cercanas a escuelas en horarios de clase, con químicos como clorpirifós o el letal Paraquat, han provocado afecciones en niños, profesores y poblaciones rurales enteras. ¿Dónde están los controles? ¿Quién responde por los daños?
¿Qué podemos hacer?
Como preocupado eterno por el medio ambiente y defensor del reciclaje responsable, propongo una serie de acciones urgentes:
- Establecer un sistema nacional de trazabilidad de agroquímicos, con control satelital y monitoreo público.
- Crear una ley especial de prohibición total del “foam” y plásticos de un solo uso, con incentivos reales a las empresas que innoven con alternativas biodegradables.
- Reforzar la educación ambiental comunitaria, desde las escuelas hasta las juntas de vecinos.
- Dotar a cada alcaldía de un plan obligatorio de gestión de residuos, con auditorías trimestrales.
- Endurecer las penas por tráfico ilegal y mal manejo de residuos peligrosos.
- Fomentar alianzas entre ONGs, fundaciones ecológicas y gobiernos locales para crear centros de reciclaje comunitarios.
No hay tiempo que perder
Esta no es una advertencia lejana. Estamos respirando veneno, comiendo veneno y bañándonos en veneno. No es solo una catástrofe ambiental: es una crisis de salud para todos.
El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías, las universidades, las fundaciones y la sociedad en general tienen que levantarse en unidad para frenar esta bomba de tiempo.
Si no actuamos hoy, mañana será demasiado tarde para arrepentirnos.
República Dominicana necesita una revolución verde, urgente, valiente y consciente. Y debe comenzar ahora.
