Por Jessica Mordechay
Santo Domingo, RD.– Con enfoque crítico y propositivo, el Instituto Nacional de Migración (INM RD) celebró el panel «Desafíos, barreras y oportunidades de los planes de regularización» en el Seminario: Experiencias Comparadas de Gestión Migratoria, Desarrollo y Democracia, como parte del programa de la Maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe, impulsado junto con la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) y el Banco Mundial.
Durante la apertura, Elba Franco, encargada de la Escuela Nacional de Migración del INM RD, destacó: «[…] en solo cuatro meses, cuatro países de nuestra región del Caribe contarán con nuevos recursos humanos especializados en políticas migratorias. Es un gran logro, pero, sobre todo, una gran responsabilidad, ya que la migración constituye un asunto permanente de alta prioridad que involucra a todos los sectores de la sociedad».
El evento, que reunió a docentes, estudiantes e investigadores, abordó los planes de regularización migratoria desde perspectivas locales e internacionales. Asimismo, se analizó el vínculo con el desarrollo, la cohesión social y la gobernanza democrática. El panel central fue moderado por Wilfredo Lozano, sociólogo, académico y director ejecutivo del INM RD, quien orientó la discusión a partir de cinco interrogantes clave sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE): sus fundamentos, aplicación, estado actual, relación con la sentencia 168-13 y posibles rutas de acción a futuro.
Uno de los principales aportes provino del abogado Samir Santos, especialista en derecho constitucional, políticas públicas, migración y resolución de conflictos, y excoordinador del PNRE, quien detalló que más de 288,000 personas se acogieron al plan, lo que favoreció la integración social, el acceso a servicios básicos y la seguridad jurídica. Sin embargo, lamentó que la ausencia de una legislación adecuada impidiera la continuidad y mejora del proceso.
Pedro Cano, experto en migración internacional, derechos humanos y desarrollo fronterizo, desmontó mitos comunes sobre la implementación del PNRE, como la falta de documentos por parte de la población haitiana. Señaló que hoy solo el 10 % de quienes fueron regularizados conservan su estatus migratorio, lo que evidencia deficiencias estructurales en el marco legal vigente.
La socióloga y politóloga Rosario Espinal aportó una mirada crítica al impacto de las políticas migratorias excluyentes. Argumentó que los flujos irregulares favorecen estructuras de hiperexplotación y llamó a repensar la política migratoria desde una perspectiva de derechos.
En ese sentido, Mario Serrano, sociólogo, filósofo y representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), insistió en reconocer a la población migrante como sujeto de derechos y expuso los beneficios sociales, económicos y culturales de implementar políticas de regularización inclusivas. En su análisis, identificó barreras logísticas, sociales y políticas que obstaculizan su ejecución.
Finalmente, el sociólogo y docente Rafael Antonio Durán, presentó los resultados de una evaluación institucional del PNRE. De los 288,467 solicitantes, 249,000 fueron aceptados, siendo el 97 % de nacionalidad haitiana. El 85 % recibió la categoría de no residente, pero el 91 % no conocía cómo cambiar su estatus migratorio. La falta de información, el exceso de requisitos y los altos costos figuraron entre las principales limitaciones identificadas.
El seminario concluyó con una sesión de preguntas y respuestas sobre el rol de las instituciones públicas, el marco normativo vigente y la necesidad de políticas coherentes con los derechos humanos.
