Injerencia internacional y soberanía migratoria de la RD

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Por Roberto Veras
 
SANTO DOMINGO, RD.- Las entidades internacionales, una y otra vez, buscan tener injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana, especialmente cuando se trata del manejo de los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera. La presión no solo llega en forma de opiniones, sino también de declaraciones que intentan imponer visiones externas sobre un tema que es fundamentalmente de soberanía nacional. Cada país tiene el derecho y el deber de administrar sus fronteras y decidir cómo aplica sus leyes migratorias, sin presiones ni condicionamientos de actores que no viven la realidad dominicana.
 
En el caso específico de los servicios médicos, la crítica internacional suele ignorar que el sistema de salud dominicano ya soporta una carga importante debido a la entrada constante de inmigrantes en condición irregular. República Dominicana ha mostrado humanidad, solidaridad y asistencia en incontables ocasiones, pero esa disposición no debe confundirse con obligación. Las entidades que opinan desde lejos no conocen el impacto económico, social y sanitario que asume el país, y aun así se atreven a señalar en vez de aportar soluciones reales.
 
A pesar de todo, la calidad de vida del dominicano promedio está por encima de la del vecino país, y esa realidad ha provocado que muchos crucen la frontera buscando mejores oportunidades. Sin embargo, ese hecho no significa que debamos asumir las responsabilidades que otros Estados deberían cumplir dentro de sus propios territorios. Ser un país más desarrollado no convierte automáticamente a la República Dominicana en guardián ni proveedor permanente para quienes otras naciones no han sabido proteger o atender.
 
Tanto Canadá como Francia, países que suelen expresar opiniones sobre la situación migratoria dominicana, deberían mirar más allá de los discursos diplomáticos y asumir compromisos concretos con la región si realmente les preocupa el tema humanitario. Sus continuas declaraciones parecen ignorar que la República Dominicana es una nación independiente, con leyes propias y con una realidad social que no puede compararse a la de potencias económicas. Es fácil criticar desde lejos; lo difícil es involucrarse con responsabilidad.
 
Lo que resulta más evidente es que ningún país quiere asumir la verdadera responsabilidad del problema migratorio haitiano. Todos opinan, todos hablan de derechos humanos y cooperación, pero ninguno está dispuesto a poner sobre la mesa recursos, soluciones estructurales o políticas sostenidas que ayuden de manera real a la estabilidad del vecino país. Mientras tanto, la carga recae sobre el lado dominicano, que se ve en la obligación de manejar una situación que no creó y que no puede resolver solo.
 
Los discursos internacionales muchas veces parten de una visión idealizada y alejada de la frontera real, donde se vive día a día la presión constante del flujo migratorio. La República Dominicana ha sido tolerante, solidaria y paciente, pero eso no debe interpretarse como debilidad ni como una invitación a que otros países dicten lo que debemos hacer. Cada nación cuida sus intereses, y la nuestra no puede ser la excepción, especialmente cuando se trata de políticas migratorias.
 
Como país, tenemos nuestras leyes migratorias, y estas existen para ser respetadas y aplicadas, sin que nadie desde el exterior pretenda decidir cómo deben funcionar. La soberanía no se negocia, y la administración del territorio y la seguridad fronteriza es un derecho constitucional que no puede estar sujeto a opiniones externas. La República Dominicana ha demostrado que sabe tomar decisiones firmes cuando es necesario, siempre sobre la base de la ley.
 
Esperemos, pues, que las entidades internacionales entiendan que la República Dominicana no actúa por capricho, sino por necesidad, por orden y por responsabilidad nacional. La verdadera cooperación se demuestra con apoyo concreto, no con declaraciones que buscan culpar o presionar. Como nación, seguiremos ejerciendo nuestro derecho a decidir nuestro destino, proteger nuestras fronteras y hacer cumplir nuestras leyes, siempre con dignidad y sin permitir injerencias que no corresponden.