Por Julio César Terrero Carvajal
Expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana
La más reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha abierto una crisis jurídica y moral en la República Dominicana. Esta decisión, lejos de fortalecer el Estado de derecho, representa —a mi juicio— un golpe directo contra la Constitución y contra los fundamentos legales sobre los cuales descansa nuestra democracia.
Nos encontramos ante un fallo que desconoce la esencia misma de la Ley del Estado Civil y altera principios jurídicos que han sido la base del orden civil dominicano durante décadas. Cambiar la naturaleza de instituciones esenciales no es una atribución del Tribunal Constitucional, y mucho menos cuando esas modificaciones afectan la identidad legal del país.
La sentencia en cuestión introduce conceptos que desvirtúan la definición histórica del matrimonio y la estructura del registro civil. La ley es clara: el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Cualquier reinterpretación forzada que pretenda alterar esta realidad jurídica es una afrenta directa al constituyente dominicano y al ordenamiento jurídico nacional.
Resulta alarmante que un tribunal creado bajo la Constitución del 2010 se permita pasar por alto aspectos jurídicos esenciales que sustentan la seguridad jurídica del país. El Estado no puede permitir interpretaciones antojadizas que contradigan abiertamente la normativa vigente y generen incertidumbre institucional.
Pero lo más delicado de esta situación es el intento de involucrar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en la ejecución de una sentencia que violenta la Constitución que ellos juraron defender. Pretender obligar a los cuerpos armados a cumplir un mandato inconstitucional es una irresponsabilidad de consecuencias graves.
Las instituciones castrenses y policiales están regidas por principios de disciplina, jerarquía y orden. No pueden convertirse en instrumentos de decisiones judiciales que contradicen la Carta Magna y generan conflictos internos. Manipularlas o presionarlas para cumplir fallos de dudosa legitimidad pone en riesgo la estabilidad nacional.
A esto se suma que existen más de ciento veinte sentencias pendientes de cumplimiento por instituciones del Estado, sin que se les otorgue la misma urgencia. ¿Por qué esa insistencia exclusiva sobre una sentencia que, además de polémica, contradice la Constitución? Esto revela una evidente incoherencia y una doble moral en el manejo de la justicia constitucional.
Estamos ante un fallo de difícil aplicación, capaz de provocar fracturas en la cadena de mando militar, tensiones internas y confusiones graves en la administración pública. No se puede jugar con la disciplina militar ni con la esencia de los cuerpos de seguridad del Estado.
Por eso reitero mi llamado: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben actuar estrictamente bajo el mandato constitucional. Defender la Constitución no es desacato; es un deber sagrado y un acto de lealtad hacia la nación.
La República Dominicana no puede permitir que decisiones desconectadas de nuestra realidad jurídica e institucional socaven la estabilidad del país. La verdadera defensa del Estado de derecho empieza por rechazar lo que viola la Constitución.
