La Diócesis de Rockville, en Long Island, enfrenta casi 100 demandas por supuesto abuso sexual infantil.
NEW YORK.- Una de las diócesis católicas en Nueva York, y una de las más grandes del país, ha amenazado con seguir los pasos de otras dos en este estado que se acogieron a bancarrota, si un juez no detiene las casi 100 demandas por abuso sexual infantil que enfrenta en los tribunales.
El Centro de la Diócesis de Rockville, en Long Island, que atiende a más de 1,4 millones de católicos en los condados de Nassau y Suffolk, asegura encontrarse en una ‘situación financiera cada vez más grave’, según documentos judiciales, señala este sábado el New York Post.
La diócesis, dirigida por el obispo John Barres, ha pagado hasta ahora 3,7 millones de dólares para defenderse de 94 demandas presentadas en su contra basadas en la Ley de víctimas infantiles de Nueva York, que entró en vigor el año pasado y proporciona una ventana legal para revivir reclamos de abuso de décadas de antigüedad.
Además esto ocurre en momentos en que ha visto reducidos sus ingresos debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.
‘Un procedimiento de bancarrota podría poner en riesgo todos los bienes de la diócesis ‘, dijo al periódico Michael Dowd, un abogado de presuntas víctimas que calificó la amenaza de la diócesis de ‘insensible’.
Si se acoge a la bancarrota la Diócesis de Long Island estaría siguiendo los pasos de las diócesis de Rochester y Buffalo, al norte del estado, por las mismas razones.
‘Están enfrentando a los feligreses contra los jóvenes que sufrieron abusos horribles en un intento continuo de negarse a aceptar la responsabilidad’, señaló además el abogado Dowd.
De acuerdo con el periódico ha señalado que la bancarrota es ‘un último recurso’ y aseguró que no se trata de ‘un intento de darle la espalda a las víctimas o proteger a los depredadores de cualquier castigo que merezcan’.
Esta diócesis cuestionó en una corte la legalidad de la nueva ley para víctimas de abuso sexual pero un juez de al Corte Suprema de Nassau decidió que ‘es una respuesta razonable para remediar la injusticia del abuso sexual infantil en el pasado’, decisión que también ha apelado.
