Fuerza del Pueblo somete recurso contra Gonzalo por “uso ilícito de recursos en campaña”

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Franklin Almeida y Manuel Crespo

SANTO DOMINGO, RD.- El Partido Fuerza del Pueblo (FP)  solicitó a la Junta Central Electoral (JCE)  medidas cautelares urgentes contra el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) porque supuestamente usa bienes “de origen ilícito” para financiar su campaña, utilizando la corporación de Helidosa Aviation Group.

La instancia fue sometida por Franklin Almeyda y Manuel Crespo, representante del candidato presidencial, Leonel Fernández, y delegado político de la FP, respectivamente.

La entidad opositora pide que la JCE ordene el cese de las operaciones de la referida empresa y la sociedad fusionada por absorción Aeroambulancia mientras dure el actual proceso electoral, ya que “fue comprobado que está financiando de manera fraudulenta la candidatura oficialista”.

“Dicha empresa es receptora de fondos públicos, con los cuales ha realizado múltiples inversiones en aeronaves y otros activos, estimados actualmente en la suma de tres mil cuatrocientos setenta millones quinientos mil pesos (RD$3, 470, 500,000.00), las cuales están siendo utilizados para la sostenibilidad operacional y financiera de dicha candidatura presidencial”, indica.

Según el recurso sometido, se trata de una franca violación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Cese de publicidad

Solicita, asimismo, que sea declarado de extrema urgencia el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares en contra del Candidato Presidencial del PLD, con base en los principios de transparencia, publicidad y simplificación.

La FP también pide al organismo comicial el cese de la publicidad, contribución o aportes de cualquier naturaleza, por intervención o uso de la sociedad comercial Helidosa Aviation Groupo a favor del candidato presidencial del PLD.

“Basamos esta solicitud al haberse comprobado que hasta la fecha  ha destinado aproximadamente la suma deRD$2,550  millones de pesos, la cual rebasa los límites impuestos por la Ley Núm. 15-19 y la Resolución regulatoria adoptada por la JCE, de fecha 17 de marzo de 2020”, manifestaron.