AEROPUERTO de LAS AMéRICAS, RD.- Al menos 466 dominicanos fueron extraditados en los últimos dos años a los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, que eran reclamados por las autoridades, vinculados en la comisión de diferentes delitos, incluyendo tráfico de drogas, asesinatos, fraudes estatales y violaciones sexuales.
De las solicitudes de extradición, alrededor del noventa por ciento de los criollos fueron entregados a las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas, figurando entre ellos 28 mujeres, las cuales están vinculadas en redes de narcotráfico, fraudes y falsificación de documentos de viaje.
Se informó que las 466 extradiciones se produjeron en el periodo comprendido entre enero del año 2011 al 21 de febrero del 2013 y que ya la mayoría de los criollos fueron sentenciados, algunos de ellos hasta a quince y 20 años de prisión, condenas que cumplen en distintas cárceles estadounidenses.
La mayoría están en cárceles de Nueva York, Miami, Boston, Atlanta, Georgia, Los Ángeles, California, Massachusets y otros en prisiones de diferentes lugares de Puerto Rico, a donde fueron llevados unos 47 de los extraditados en los últimos dos años.
Se informó que además de Puerto Rico y Estados Unidos, otros dominicanos reclamados fueron entregados a autoridades de España, Francia, Italia, Canadá y otras naciones que vinculan a criollos en grupos que cometieron fechorías diversas en perjuicio de personas particulares y entidades estatales.
La entrega de los criollos se produce mediante convenios existentes entre República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y naciones europeas, de entregar a ciudadanos que son reclamados por la comisión de hechos de diversa índole, mayormente narcotráfico, fraudes y violaciones sexuales.
Trascendió que actualmente las autoridades judiciales dominicanas tienen en su poder un listado de más de ochenta criollos, incluyendo algunos empresarios, activos y retirados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que Estados Unidos y otras naciones, piden su extradición.
La mayoría de los solicitados, especialmente exmilitares, son vinculados por las autoridades estadounidenses en bandas internacionales de tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y fraude en contra de instituciones gubernamentales, algunas de ellas que ofrecen servicios sociales desde aquí.
