SANTO DOMINGO, RD.- El abogado experto en Derecho Constitucional Cristóbal Rodríguez, declaró este martes que el sistema constitucional en el aspecto de la impunidad y la corrupción administrativa está diseñado para ser infuncional.
Rodríguez explicó que nada impide que un presidente de la República nombre un procurador independiente, si por independiente se entiende que es un funcionario que no tenga vinculación con el partido de gobierno, dispuesto a seguir las disposiciones que la constitución y las leyes ponen en sus manos, pero indicó que esto no es suficiente para lo que implica el proceso hacia la independencia funcional del Ministerio Público.
“No basta con que se designe a un funcionario independiente, para lograr la independencia del Ministerio Público y sobre todo del Procurador General de la República, en términos institucionales, porque es que hay un diseño constitucional que fue pensado para que una parte importante de las competencias del Procurador General de la República y del Ministerio Público no funcionen, sobre todo en lo que tiene que ver con la impunidad y la corrupción administrativa específicamente, está diseñado para ser infuncional”, resaltó Rodríguez.
Consideró que en el sistema de justicia en general hay muchas cuestiones que corregir, muchas de ellas no precisan una reforma constitucional, precisan voluntad política en conjunto, que las instancias supremas de poder en términos político-institucionales del país, echen adelante una voluntad contaminada a establecer los correctivos de lugar.
Explicó que por ejemplo, no necesitamos una reforma constitucional para devolver la credibilidad al sistema de carrera en el Poder Judicial y ciertamente ha sido severamente lesionado, porque se relajaron instancias básicas de la carrera, esas cosas no requieren de una reforma y deben ser corregidas.
Rodríguez declaró además que existen diversos estudios realizados al sistema judicial, con los cuales se ha dado a conocer con precisión que hay un nivel abrumador de irracionalidad en la forma en que están distribuidos los Tribunales de Administración de Justicias, que lo convierten profundamente en ineficientes y en términos costos efectivos, son irracionales.
En tal sentido propone restructurar y reorganizar la carga de trabajo individual con relación a la cantidad de casos de manera equitativa, para evitar que tribunales tengan que resolver todos los días 90 casos, mientras que, tribunales de otras demarcaciones de la misma jerarquía, con jueces que tienen los mismos beneficios y salarios, solo resuelvan 10 casos por semanas, señaló que esta distribución tiene que ver con una miopía administrativa y se viene discutiendo hace más de trece años, al tiempo que sostuvo, que es voluntad lo que falta.
