SANTO DOMINGO, RD.- El Gabinete de Coordinación de Política Social dijo ayer haber detectado a más de 100 mil personas que supuestamente se benefician con el programa «Quédate en Casa» a pesar de que «no están dentro de los parámetros de pobreza».
El coordinador del Gabinete, Tony Peña Guaba, dijo se trata 101,743 personas que no están en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), entidad responsable de identificar los potenciales beneficiarios de los programas de la Red de Protección Social del Estado dominicano.
«Estas vulneraciones del sistema representaron una erogación de mil 877 millones 279 mil pesos en transferencias monetarias realizadas a ciudadanos no identificados como pobres», afirmó.
Alegó que las mismas fueron incluidas por las pasadas autoridades del programa Progresando con Solidaridad en el subsidio temporal Quédate en Casa, vulnerando los procedimientos, normas y reglamentos institucionales establecidos por las entidades del Sistema de Protección Social dominicano.
Permanecerán sólo los que califiquen
Peña informó que a partir de octubre permanecerán en el programa Quédate en Casa sólo quienes califiquen según el Índice de Calidad de Vida (ICV) establecido en las normas del SIUBEN y serán incluidos nuevos beneficiarios según el mapa de pobreza.
«Esta administración cumplirá el compromiso de ampliar y asegurar por ley la protección social para cada ciudadano que lo necesite», dijo.
Robos digitales
Digna Reynoso, directora de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), mostró miles de reclamaciones de beneficiarios de Quédate en Casa que han denunciado no disponer de los fondos asignados por el programa.
Informó que se procederá a entregar tarjetas físicas como medio de pago a los primeros 2 mil beneficiarios con reclamaciones formales y de quienes se ha comprobado que fueron perjudicados con la sustracción de los fondos del programa Quédate en Casa, y paulatinamente se cambiará el uso de cédula por tarjetas a los que así lo ameriten.
Dijo que producto de las reclamaciones identificaron más de 50 comercios afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) donde se realizaron las transacciones fraudulentas en perjuicio de los beneficiarios.
Reynoso explicó también que la administración anterior adhirió a la RAS más de mil comercios sin cumplir con los procedimientos establecidos en el Reglamento que rige esta Red.
